Esta reforma, rechazada por los partidos de derecha, considera la salud menstrual como un derecho y como parte del derecho a la salud.
Según un estudio recogido por el sindicato español Unión Sindical Obrera (USO), el 53% de las mujeres sufren reglas dolorosas y en el caso de las jóvenes, esta cifra sube al 74%.
La nueva ley, además, se propone combatir la pobreza menstrual, y en ese sentido, apuesta por la gratuidad de los productos de higiene menstrual —tampones, compresas o copas menstruales— en centros educativos, prisiones y centros sociales para las mujeres en situación de vulnerabilidad.
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El núcleo de la reforma de la ley del aborto busca garantizar la realización de interrupciones voluntarias del embarazo en centros sanitarios públicos y elimina la exigencia de autorización paterna para las menores de 16 y 17 años.
Asimismo, mantiene los plazos fijados por ley en 2010 y avalados por el Tribunal Constitucional recientemente, con lo que el aborto seguirá siendo libre durante las primeras 14 semanas de gestación.
Pero además, introduce nuevos derechos, como el ya citado a las bajas laborales por menstruación dolorosa, o el derecho a la incapacidad temporal desde el primer día de la semana 39 del embarazo y mientras se reciba asistencia sanitaria por un aborto y no se pueda trabajar.
También se garantiza el acceso público y universal a la anticoncepción.
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La ministra de Igualdad, Irene Montero, que defendió la reforma legal ante los diputados, celebró hoy la aprobación definitiva de la nueva ley que “amplía” los derechos de las mujeres, no solo el derecho al aborto, sino los derechos sexuales y reproductivos porque sin ellos, las mujeres no son ciudadanas de pleno derecho, dijo.
En Italia se presentó una propuesta de ley en ese sentido en 2016, pero nunca llegó a aprobarse; en Francia no hay nada oficial, pero sí es un asunto que se debate y en Alemania, las mujeres pueden acudir al médico de familia para que les dé una baja por dolores menstruales, pero es a criterio del médico.
