El registro de viajeros obliga a agencias de viaje, establecimientos hoteleros, alojamientos, empresas de alquileres de coches y plataformas digitales relacionadas con el sector a compartir con la Administración datos sobre sus usuarios.
La información personal de los viajeros incluye, además del nombre y el número del documento de identidad, otros datos como teléfono, correo electrónico y detalles de la transacción.
La información debe volcarse en una aplicación que está operativa desde 2023 y a la que tiene acceso la Administración.
El Gobierno sostiene que debe disponer de información “precisa e indispensable” para las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque la normativa estaba obsoleta y no recogía las nuevas modalidades de negocio, como las viviendas turísticas, los portales y las centrales de reservas digitales.
Contra la queja de las agencias de viajes, de que la nueva norma exige recoger datos que afectan a la intimidad de las personas, el Ministerio español de Interior aclara que no introduce exigencias de información adicional a la que ya se solicita actualmente.
Las agencias alegan que la recogida de datos añade una carga burocrática que no pueden asumir, porque un 95% son pymes y en muchos casos con un solo empleado, con lo que deberán prorrogar tiempos de trabajo; y alertan sobre la posibilidad de que provoque cierres y un hipotético encarecimiento del precio de los viajes.
También los hoteleros han mostrado su rechazo a la norma y anuncian que estudian acciones legales.
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La norma, asimismo, ha sido cuestionada en sectores que la consideran una intromisión injustificada en la privacidad de los ciudadanos.
Desde el Gobierno, sin embargo, celebran que con la información aportada ahora a la plataforma se han localizado a 18.584 personas sobre las que constaba alguna requisitoria policial y que figuraban en bases de datos de señalamientos nacionales o en el sistema de información del Espacio Schengen de libre circulación de personas en la Unión Europea.
Fuente: EFE
