La Comisión Escrache Ciudadano se instaló frente mismo a un canal de televisión ubicado en Sajonia, Asunción, donde el segundo del Ejecutivo, Hugo Velázquez, contó su versión sobre su vinculación al acta bilateral sobre la compra de potencia de Itaipú y que finalmente fue anulada por la crisis política.
También acudieron al lugar efectivos de la Policía Nacional.
A su salida de los estudios del SNT, los escrachadores lanzaron huevos contra la camioneta de Velázquez, de quien vienen pidiendo su renuncia desde hace días.
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El miércoles pasado, incluso, llegaron a la cuadra de su vivienda ubicada sobre las calles Isaac Kostianosky y RI 3 Corrales, en la capital, para escracharlo.
Un día después también continuaron con la medida de fuerza, en inmediaciones del Congreso Nacional, donde con parlantes y carteles –como es característico de este grupo– pidieron al presidente de la República Mario Abdo Benítez la salida del segundo del Ejecutivo.
Esther Roa, representante de la comisión, señaló en aquella ocasión que si el jefe de Estado no logra la renuncia de Velázquez, estará “condenado”. “Usted (Abdo Benítez) no va a aguantar mucho tiempo en el Gobierno”, había advertido.
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El vicepresidente fue salpicado en el escándalo desatado tras la firma, el pasado 24 de mayo, de un acta bilateral con el Brasil sobre la contratación de potencia de la usina de Itaipú. La crisis inició la semana pasada cuando salió a la luz el contenido del acuerdo.
Supuestamente, Hugo Velázquez tuvo injerencia para que un punto que establecía la posibilidad de que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) venda energía en el mercado brasileño no sea incluido en el documento, pero él lo negó y dijo que al igual que Ferreira buscaba este beneficio para el país.
El primer punto cuestionado del acta, mediante la cual Paraguay se comprometía a comprar más energía cara y menos energía barata, ocasionó las renuncias de José Alberto Alderete, Luis Alberto Castiglioni, Hugo Saguier, Alcides Jiménez y María Epifanía González.
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Todo derivó en una amenaza de juicio político contra Mario Abdo y Hugo Velázquez, que se desactivó luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores informara sobre la firma de un nuevo acuerdo con el Brasil, para dejar sin efecto el anterior.
