Miguel Ángel Ayala, el arrendatario de la quinta Nápoles, propiedad del supuesto narcotraficante Reinaldo Cucho Cabaña, ayer al mediodía entregó las llaves del inmueble a la Senabico (Secretaria Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados) y se retiró, anunciando que deja el inmueble y el negocio de explotación de la propiedad como consecuencia de amenazas recibidas tras la divulgación de sus datos personales.
Con un tono de rabia e impotencia, Miguel Ángel relataba a ÚH que iba saliendo de la propiedad del supuesto capo narco del Este a bordo de una patrullera de la Policía, y añadiendo que en la zona no tiene garantías para él y su familia.
“Ya estoy saliendo de la quinta Nápoles”, comentaba el hombre. “Ahora sí perdí todo, perdí todo”, aseguró.
Ayer solicitó cancelar el contrato de alquiler con fines de explotación turística que había firmado con la Senabico, alegando amenazas hacia su persona y temiendo por su seguridad.
Su nombre se había divulgado ante la polémica promovida desde la defensa de Cabaña y la presión de los medios sobre el costo del alquiler y sobre las deudas que tiene el ex arrendatario, que figura en Informconf.
AMENAZA. Según manifestaciones de Ayala, dos mujeres fueron las que le dieron el mensaje de que debe retirarse del Cucho Beach, una estructura arquitectónica ubicada en Juan E. O´Leary que imita la Hacienda Nápoles del narco colombiano Pablo Escobar, extinto jefe del Cartel de Medellín.
“Mba´e ejapo ko´ape (¿qué estás haciendo acá?), tapeho ko´agui (vayan de acá). Esa la última palabra que te mandaron decir”, fue lo que las mujeres habían dicho.
El hombre que estaba explotando la propiedad de Cucho Cabaña con el nombre de quinta Nápoles, agregó que en dicha zona del Alto Paraná no tiene garantías, y la Policía tampoco puede brindarle seguridad por el poco personal con que cuenta la Comisaría de O´Leary.
“La comisaría solo tiene tres personales nomás por día y una patrullera 4x2. No hay garantías acá así, y me tengo que retirar aunque perdí mucha plata”, comentó Ayala.
Además del perjuicio económico de Ayala, cuya inversión fue de aproximadamente 120 millones de guaraníes, según mencionó, otras 15 personas de la zona también quedaron sin trabajo.
Según la nota de entrega de llaves a la Senabico, Ayala había construido 10 baños, reparado una puerta de madera de una cabaña, instaló una nueva puerta principal, reparó las cañerías del predio y mejoró la instalación eléctrica y la iluminación en general.
Costó un cargo
La ex ministra de la Senabico, Karina Gómez, se vio obligada a revelar el contrato de alquiler de dicha propiedad que estaba administrando la secretaría. Cuando los medios divulgaron quién era el arrendatario, sus orígenes y sus deudas, aumentaron la crítica y la presión. Finalmente Gómez presentó su renuncia y el presidente nombró a Carolina Llanes en su reemplazo.
