29 mar. 2024

Es urgente y necesario poner en primer lugar a la salud pública

La salud pública en el Paraguay siempre fue precaria y a veces utilizada para el clientelismo político. No hay peor situación que la desesperación de una familia frente a la enfermedad de uno de sus miembros y la inexistencia de un sistema de Salud que le ayude a sobrellevar la enfermedad. Casi semanalmente todos somos testigos de algún familiar, vecino, amigo, compañero de trabajo que organiza un evento de recolección de dinero para alguien. Nuestra Constitución es muy clara al garantizar el derecho a la salud; sin embargo, estamos muy lejos del cumplimiento de este mandato. Paraguay necesita darle mayor prioridad fiscal a la inversión en salud y hacer funcionar el sistema de manera a garantizar la universalización de la atención y una drástica reducción del gasto de bolsillo.

El país invierte poco y con un modelo de salud costoso por centrarse en la atención hospitalaria. Con respecto al PIB, deberíamos al menos duplicar la inversión para aspirar a una cobertura básica y universal.

El alto nivel de inversión pública en salud nos ubica como uno de los peores países de la región. Esto significa que si una persona se enferma, la familia deberá tener los recursos para financiar la atención a la salud.

Casi semanalmente, todos somos testigos de algún familiar, vecino, amigo, compañero de trabajo que organiza un evento de recolección de dinero para alguien. Las polladas, tallarinadas o rifas están a la orden del día.

El acceso a la salud de las personas termina dependiendo de la solidaridad social, de la capacidad de pago o de endeudamiento. Los datos para Paraguay señalan que la primera razón de endeudamiento es la salud, lo cual finalmente significa menores oportunidades al emprendedurismo.

Las personas en lugar de endeudarse para producir, ampliar su negocio o innovar, hipoteca su futuro y, muchas veces, el de sus hijos para financiar algo que por derecho le corresponde proveer al sector público.

Hace muchos años, las seccionales coloradas y dirigentes políticos se constituían en benefactores al contar con medicamentos robados del sector público. Gracias a la crítica ciudadana que comprendió que la salud es un derecho, esta acción se empezó a ver no solo mal, sino también vinculada a la corrupción ya que en muchos casos los medicamentos tenían etiquetas de instituciones de salud pública.

Si bien se verifica un aumento en la inversión en salud en los últimos años, esta no ha sido suficiente ni en términos de las necesidades ni en términos del importante crecimiento económico que ha verificado el país. Perdimos la oportunidad de que el buen desempeño económico se traduzca en bienestar al no destinar parte de la bonanza al fortalecimiento del sistema de Salud.

La pandemia nos obligó a cerrar el país tempranamente las fronteras y la economía de manera a contar con tiempo para fortalecer la infraestructura en salud. Más difícil es cerrar la brecha en recursos humanos, ya que un año no es suficiente para contar con personal médico y de enfermería para atender las patologías conocidas, menos aún un virus nuevo.

Las autoridades al parecer no aprendieron la lección y decidieron enviar al Congreso una propuesta de presupuesto para salud que no se compadece con la situación, en lugar de aprovechar la oportunidad de enmendar su falta de responsabilidad con la ciudadanía que le votó, en el caso de las autoridades electas, y que les paga el sueldo y muchos beneficios no salariales en el caso de los funcionarios de carrera.

Los resultados siguen a la vista y el reciente caso de la persona que increpó al presidente y su posterior re-humillación, al tener que agradecer los medicamentos que consiguió, son la evidencia de la falta de garantía del derecho a la salud y de la indolencia de autoridades políticas y funcionarios públicos frente al sufrimiento humano.

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