Por Édgar Medina | Ciudad del Este
El representante del Ministerio Público pidió la aplicación de medidas alternativas a la prisión a favor de los imputados ante el Juzgado Penal de Garantías, como ser la prohibición de salida del país y de acercarse a la Municipalidad, la caución real suficiente y la fianza personal, entre otras.
Rodriguiño sostuvo que posee documentos que avalan que no hubo daño patrimonial en el que caso que se le investiga, pero que se politizó un trabajo de iluminación de una plaza por problemas en la comisión vecinal. Aduce que no fue llamado a declarar y que el fiscal le negó copias de la carpeta fiscal en varias oportunidades.
La imputación presentada ante el juez de garantías Bernardo Silva refiere que los ahora imputados abonaron la suma de G. 18.400.000 por los trabajos realizados en la plaza de la fracción Sinuelo II, cuyo costo de materiales y mano de obra ascienden a solamente G. 4.612.798, de acuerdo a un peritaje realizado por ingenieros de la Administración Nacional de Electricidad por pedido de la Fiscalía.
El perjuicio patrimonial es de G. 13.787.202, según la imputación fiscal. Cazenave investiga una denuncia realizada por la Junta Municipal con relación a la supuesta sobrefacturación de los gastos de iluminación de la plaza mencionada, registrada en marzo del año 2015, según los antecedentes.
En su carácter de posición de garante, según las disposiciones administrativas mediante las cuales fueron nombrados en sus cargos, el intendente y su administradora debían proteger el patrimonio municipal, refiere el representante del Ministerio Público. La pericia fue realizada por el ingeniero Diego Samaniego de la ANDE, quien determinó el costo a G. 4.612.798, tras la verificación realizada en octubre pasado.
Concepción Rodríguez Arzamendia, en su carácter de intendente, y la señora Elba Ayala Estigarribia, directora de Administración y Finanzas, suscribieron la orden de pago N.º 0025250, mediante la cual autorizaron el desembolso de los más de G. 18 millones en concepto de transferencias de capital al sector privado a favor de la Comisión Vecinal del Barrio Sinuelo.
El presupuesto de los materiales y servicios profesionales de la firma Tecnoluz, la resolución del intendente, la orden de pago y el cheque fueron firmadas en el mismo día, el 30 de marzo del 2015, cuando también el presidente de la comisión vecinal, identificado como Orli Ernesto Perussatto, se negó a suscribir el contrato de trasferencia de aporte y el acta de desembolso por sospecha del manejo irregular de los fondos, según la imputación fiscal.
El cheque fue efectivizado por los que realizaron el trabajo, identificados como Juan Carlos Maldonado Machado y Silverio Medina, tras ser rechazado por el presidente de la comisión vecinal, según los antecedentes mencionados por el fiscal.
