Desde la Pastoral Social Nacional, a monseñor Juan Bautista Gavilán le toca estar cara a cara con los distintos rostros de pobreza y hambre del país. Conocedor de la realidad campesina e indígena, el obispo advirtió al presidente del Congreso que criminalizar las ocupaciones de tierra, aumentando la pena a 10 años de cárcel para los “invasores” es un abordaje parcial y superficial del problema de la propiedad, concentración y tenencia de la tierra.
“La sola modificación del Código Penal, con un enfoque que criminaliza un problema social grave, no es conducente para el desarrollo del país y para el logro de la paz social”, advirtió en una nota presentada al Congreso para pedir el rechazo del proyecto, que finalmente ya se convirtió en ley, que tipifica como crimen las invasiones de la propiedad privada y eleva las penas hasta 10 años.
–¿Qué opina de que el Congreso, obviando el grave problema de la propiedad y tenencia de la tierra y de acceso a la vivienda en el país, haya aprobado un proyecto que eleva la pena para castigar a quienes ocupen inmuebles privados?
–Que no podemos esperar mucho contenido de parte de ellos, sino la defensa de sus propios intereses. Es escandalosa la inequidad existente en materia de tenencia de la tierra.
Si se llegara a plantear el tema en forma global, no habría la necesidad de las invasiones ni de los desalojos que son las escenas más inhumanas que uno puede vivir, sabiendo que lo más humano es tener tierra, trabajo y techo, según el pensar del Papa Francisco.
Es un escándalo mundial: ¡Cómo se puede entender 7 millones 200 mil hectáreas apropiadas de una manera injusta por el poder dictatorial o que el 1% de la población tenga en sus manos 87% de los bienes de la naturaleza!
Los parlamentarios que miran solo sus intereses estuvieron coherentes con sus pretensiones, sin tomar en cuenta la cantidad de compatriotas que necesitan de tierra. Con esto aumentará la población penitenciaria. De ninguna manera se puede pensar en un desarrollo sostenible del país llenando las cárceles, en lugar de garantizar el acceso al trabajo, la tierra y el techo para la población desfavorecida.
–¿Están representados en el Congreso esos sectores desfavorecidos?
–La verdad que, así como están las cosas, es desilusionante tener un Parlamento que privilegia intereses mezquinos y que a cada momento resalta por un escándalo tras otro sobre las cosas públicas. Lejos está de preocuparse de legislar en busca de la paz social. Lo que vemos es que aprueban leyes a rajatabla cuando se trata de sus propios intereses, y sin consulta alguna con los distintos sectores.
–Lo vimos como obispo responsable de la Pastoral Social Nacional, intentar persuadir a los legisladores de no aprobar tal ley, lo que le costó una andanada de críticas por parte de sectores conservadores. ¿Esperaba esa reacción?
–La verdad que nuestra preocupación como Pastoral Social Nacional, con ese pedido, era dar a conocer el mensaje de la Doctrina Social de la Iglesia a los responsables del gobierno y a los compatriotas, porque son experiencias capitalizadas a lo largo de la historia de la Iglesia Católica. Pensamos que podía ser un tema de conversación, de reflexión, para lograr la convivencia y paz sobre la base de la justicia.
No se trata de imponer tal doctrina, sino de ofrecer, como es función de la iglesia, el mensaje cristiano y ampliar el debate sobre un tema crucial.
Es hablar de la riqueza de la iglesia, que son los pobres. Tener una mirada solidaria hacia ellos, buscando las respuestas a los problemas acuciantes del país, como la tenencia de la tierra. Como responsable de una de las acciones fundamentales de la iglesia que es la caridad, no esperábamos el aplauso de nadie, pero hemos constatado que se ha instalado el tema en la sociedad paraguaya, y puedo decir con satisfacción que politólogos, sociólogos, periodistas de diversos medios han coincidido en buena parte con nuestra carta presentada al Parlamento para pedir que no se apruebe el proyecto de ley que aumenta la pena contra las invasiones.
A mí no me escandaliza que esta gente (parlamentarios) no se pregunte sobre cuestiones como las que les quisimos hacer notar con nuestra presentación, porque evidentemente están en otra cosa.
–Si el magisterio de la Iglesia afirma que existe una hipoteca social que naturalmente grava la propiedad privada y Paraguay es un país mayoritariamente católico, ¿por qué esta premisa resulta inaplicable aquí?
–El Paraguay no es un Estado teocrático. El que no hayan aceptado la Doctrina Social de la Iglesia no significa que todos están en la misma tesitura. Estoy seguro de que muchos de los que votaron a favor de la ley solo reflejaron la aceptación de su propia pobreza ante la verdad. Hay un compromiso moral sobre el bien común. Necesitamos mirar desde nuestra privacidad a los otros. Toda propiedad privada tiene un compromiso con los otros, un compromiso con quienes necesitan de uno en la sociedad. La tierra no puede ser para unos pocos.
–La propiedad de la tierra en Paraguay está atravesada por la injusticia, ¿Cómo romper con esta trama?
–Nosotros siempre pregonamos la necesidad de asumir nuestra historia, asumir esta situación social de profunda inequidad, la cual no vamos a solucionar cambiando el artículo de una ley. El Estado paraguayo tiene que propiciar planes de desarrollo para todos los compatriotas, especialmente para los que están en situación de menor posibilidades de desarrollo.
Nuestros compatriotas deambulan por las periferias de las ciudades. Por eso no nos debería asustar que solo en el Departamento Central existan como 1.000 invasiones.
Cómo pretenden vivir en paz ante esta realidad. En un país tan rico en extensiones de tierra y con una población tan activa esto no debería darse, es un escándalo. No se puede condenar con una ley al que tiene hambre, amén de que las cárceles ya están abarrotadas. Cuando el pobre golpea la puerta no viene a pedir lo que sobra, sino justicia.
La respuesta superficial adoptada no solucionará el origen del problema social paraguayo. Necesitamos propiciar posibilidades de trabajo, oportunidades para el desarrollo integral del país. Los pobres también necesitan préstamos a largo plazo, no solo los poderosos, y acompañarlos con proyectos de desarrollo.
–Ese enfoque superficial ha sido la tónica ¿cuánto más cree que esto puede seguir sin que sobrevenga un estallido social?
–En realidad esto que estamos sufriendo de tanto en tanto es ya un estallido. Esperemos que no necesitemos que aumente su dimensión para que el Estado paraguayo actúe y dé respuestas. Es importante que tengamos políticas de Estado y que cada gobierno que asuma le dé continuidad. El hambre que sufren miles de familias es una violencia. En Paraguay no queremos asumir estos problemas. Es importante hablar del bien común y que todos los sectores interesados en cambiar las estructuras de injusticias, aporten al debate.
¡Cómo entender 7 millones 200 mil hectáreas apropiadas de una manera injusta por el poder dictatorial o que 1% de la población tenga 87 % de los bienes de la naturaleza!
Hay un compromiso moral sobre el bien común. Necesitamos mirar desde nuestra privacidad a los otros. Toda propiedad privada tiene un compromiso con los otros.