La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó la prescripción de la causa por el supuesto desvío de G. 3.700 millones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), por lo que los ex ministros Enzo Cardozo y Rody Godoy quedan sobreseídos definitivamente.
El caso se suma a uno de los tantos que quedan impunes en el país, pese a que implicó un millonario perjuicio para el Estado y se trataba de dinero que debía ser destinado a personas de escasos recursos y más vulnerables de la sociedad.
En el caso de Cardozo, debía transferir el monto a comités de trabajadores rurales destinados a proyectos de producción de miel y leche, pero nunca llegó, mientras que Godoy debía destinarlo para el frente combatiente contra la pobreza a favor de comunidades campesinas, pero el programa no contaba con sustento.
Todo se inició el 15 de abril de 2014, cuando la Fiscalía imputó a Cardozo y a Godoy por lesión de confianza, estafa, apropiación, uso de documentos no auténticos y lavado de dinero, por el presunto desvío de G. 3.719 millones, cuando ambos ya estaban imputados por otro perjuicio mayor, de G. 68.000 millones, de la misma institución.
Para marzo del 2015, Cardozo fue acusado específicamente por el desvío de G. 1.219 millones bajo su administración, mientras que poco después fue acusado Godoy junto a otras 22 personas por el presunto desvío de G. 2.500 millones.
El 16 de octubre de 2016, el fiscal Leonardi Guerrero realizó un pedido de compulsas; el 18 de julio de 2018, llevó a cabo el requerimiento de la fijación de audiencia preliminar, mientras que el 3 de marzo de 2021 dio lugar al acto de apertura del juicio oral y público.
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Tras los cerca de seis años de la apertura de la causa, la Fiscalía había presentado escasas acciones y ninguna fue considerada como una interrupción válida para evitar la prescripción.
Durante todo el proceso judicial, hubo una gran cantidad de recusaciones y apelaciones promovidas por la defensa de los ex altos funcionarios y otros 11 implicados, con lo que lograron suspender un total de 11 audiencias preliminares entre 2014 y 2021.
Entre las acciones dilatorias que presentaron los procesados están dos acciones de inconstitucionalidad, una que tardó cuatro años en ser resuelta y otra que tuvo un año más de dilación; además de seis recusaciones al juez Humberto Otazú, quien fue confirmado recién dos años después.
Además, pasaron 5 años y 9 meses sin que el Ministerio Público presente los incidentes previos, con lo que ambos encausados pudieron recurrir al amparo del transcurso del tiempo establecido en la ley.
Para el 15 de setiembre del año pasado, el Tribunal de Sentencia Colegiado declaró la prescripción y sobreseyó a los acusados. Aunque la Fiscalía apeló el fallo, el Tribunal de Apelaciones Tercera Sala rechazó en diciembre la apelación y confirmó el sobreseimiento.
Los camaristas Cristóbal Sánchez, Agustín Lovera Cañete y José Waldir Servín consideraron las acciones fiscales como insuficientes y puntualmente alejadas de las normas que señalan los recursos admitidos para considerar la interrupción del tiempo que evite la prescripción.
Para los magistrados, solo fueron contadas como acciones válidas de la Fiscalía la imputación y la acusación, señalando que las demás eran “simples formulaciones para dar impulso procesal”, con lo que se confirmaba que pasaron los más de 5 años.
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Poco después, el abogado de Cardozo, Víctor Dante Gulino, planteó varios incidentes, entre los cuales estaba la prescripción, debido a que ya habían transcurrido seis años desde la fecha de acusación.
Para setiembre del 2022, un Tribunal de Sentencia —presidido por la jueza Elsa García e integrado por Yolanda Portillo y Fabián Escobar— dio lugar al incidente de prescripción de la causa, por lo que todos los procesados obtuvieron finalmente el sobreseimiento definitivo.
En el 2021, ambos ex titulares de Agricultura fueron a otro juicio oral por lesión de confianza, pero por el perjuicio de casi G. 68.000 millones a la misma entidad. En esta causa, Cardozo fue condenado a 10 años de cárcel, Godoy a 7 años y 10 años se le impuso a la ex administradora de la cartera estatal Maristela Azuaga.
