“Estamos haciendo un peregrinaje. Nos mandan al Hospital de Trauma o al Ineram o al San Jorge. O a Caacupé, donde sea posible hacerse la tomografía”, describió Cristina Verdún, paciente oncológica y presidenta de la Asociación Jerovia.
Según comentó, desde hace cinco meses el tomógrafo del Hospital San Pablo dejó de funcionar debido a un desperfecto.
Verdún comentó que las veces que fue realizado el reclamo ante los responsables del hospital, les dijeron que todavía no cuentan con el repuesto. También, según dijeron en el hospital, la pieza para ser cambiada tiene que ser traída del exterior.
“Para mí que tienen que cambiar por uno nuevo nuestro tomógrafo. Considero que esa es la solución porque o sino vamos a seguir peregrinando detrás de este estudio”, dijo.
En el caso del faltante de insumos, señalan que como en otros hospitales no cuentan con jeringas, guantes, tapabocas y traje quirúrgico utilizado por las enfermeras cuando le aplican la quimioterapia.
En lo que corresponde a medicamentos, el faltante de Filgrastim ocurre en distintos centros asistenciales al igual que en el San Pablo.
Este medicamento consiste en una vacuna que es aplicada luego de la quimio. Verdún aclaró que en medicamentos esa es la única carencia.
La asociación realizó ayer una venta de panchos en el predio del hospital en horas de la mañana.
La presidenta detalló que con lo recaudado harán un presente a las mujeres que están siguiendo su tratamiento contra el cáncer.
Indignación. Como viene ocurriendo desde distintos sectores de la sociedad, las pacientes oncológicas del San Pablo también están indignadas por el autoaumento de los legisladores.
“Nosotros para conseguir un aumento en el presupuesto para los oncológicos, tardan en sesionar y dar su veredicto. Pero ellos tranquilamente se autoaumentan su sueldo”, dijo Verdún.
Agregó que mientras las personas con cáncer deben realizar múltiples actividades para hacer frente a la enfermedad, a los parlamentarios nada les importa.
Superintendencia clausuró 40 clínicas y suspendió a 25
En el marco del operativo Ñemboty en Asunción a cargo de la Superintendencia de Salud (Supsalud) –durante dos días– se fiscalizaron 99 empresas prestadoras de servicios de salud de las cuales clausuraron a 40 y suspendieron a 25 entidades, informó el doctor Roberto Melgarejo, superintendente de salud, en una conferencia de prensa.
Las clausuras se realizaron debido a que las clínicas operan sin habilitación del Ministerio de Salud Pública (MSP) y las suspensiones fueron porque no tienen registro en la Superintendencia de Salud. En otros casos, pese a contar con los permisos correspondientes realizan actividades que no pertenecen a sus competencias, esta es otra irregularidad, según explicó el superintendente de Salud.
La clausura implica que no puede atender a usuarios ni trabajar en el ámbito administrativo, al contrario de la suspensión en la que se prohíbe la atención al público, pero pueden operar en el ámbito administrativo.
Tras el operativo, algunas clínicas privadas, laboratorios y otros regularizaron sus documentos y fueron rehabilitados nuevamente de los cuales 10 a 12 de las suspendidos volvieron a abrir y atender a los pacientes. El objetivo de la campaña es que las empresas prestadoras de servicios de salud regularicen su situación.
“La intención de la Superintendencia (de Salud) no es clausurar y cerrar un local y dejarle a la gente sin trabajo, es más, nuestra intención es que se regularicen y se formalicen y la ciudadanía tenga la posibilidad de acceder a los locales que están regularizados y formalizados”.
MÁS CONTROL. La Superintendencia de Salud anunció que los controles seguirán y que las próximas entidades prestadoras de salud que se verificarán serán aquellas instaladas en el Departamento de Central.
99 entidades prestadoras de servicios de salud privada fueron fiscalizadas durante el operativo Ñemboty.
