La decisión fue de la presidenta del Tribunal Superior Electoral (TSE), Rosa Weber, que rechazó este miércoles el recurso presentado por el Movimiento Brasil Libre (MBL) al argumentar que no se puede discutir legalmente la inelegibilidad de candidatos antes del período de registro de candidaturas.
La legislación brasileña señala que la justicia electoral puede analizar casos como el de Lula solo después de que se haya realizado el registro de la candidatura, que debe hacerse a partir del próximo 20 de julio y hasta el 15 de agosto, tras la aprobación del candidato en la convención de su partido.
Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, cumple una condena de 12 años de prisión desde el 7 de abril, acusado de haber recibido de la constructora OAS un apartamento de tres pisos a cambio de beneficios durante su gestión.
El expresidente ha sido proclamado como candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores (PT), pero está virtualmente inhabilitado por normas que vetan la participación en los comicios de condenados en segunda instancia, como es su caso.
Lula fue condenado en primera instancia a 9 años y 6 meses por el juez Sergio Moro, encargado del caso Petrobras, pero el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (de segunda instancia) amplió a 12 años y 1 mes la condena.
Aunque la Justicia brasileña reafirmó hace una semana que el ex mandatario era inelegible –por estar condenado en segunda instancia– cuando una jueza negó una autorización para que Lula concediera entrevistas como candidato presidencial a medios de comunicación en su celda, la decisión final recae en el Tribunal Superior Electoral.
Según la jueza, la legislación no prevé el derecho de presos de conceder entrevistas y afirmó que Lula es “inelegible” por la condena que le fue impuesta.
Las normas electorales en Brasil impiden presentar un candidato con una condena ratificada en segunda instancia, como ocurre con Lula, por lo que si el PT lo inscribe el 15 de agosto, como lo ha anunciado, las autoridades electorales pudieran vetarlo.
Lula lidera todos los sondeos de intención de voto, incluso aquellos divulgados después de ser preso, en los que en segundo lugar aparece el diputado ultraderechista Jair Bolsonaro, un exmilitar defensor de la dictadura (1964-1985) y con un largo historial de declaraciones machistas, racistas y homofóbicas.
