El subsecretario de la cartera económica adelantó que desde el Poder Ejecutivo prevén para el año que viene, por lo menos, presentar de manera piloto un plan de carrera del servicio civil, para evitar las ya conocidas situaciones de cada año, que normalmente terminan en la concesión de incrementos salariales a determinado grupo.
“Esas situaciones se dan básicamente porque existen ciertas lagunas dentro del marco legal. Un funcionario cuando no tiene certeza de cómo poder acceder a una mejora salarial, salvo lo que dice la Ley 1626 De la Función Pública –por concurso–, pero no especifica cuándo ni cómo se tiene que dar ese concurso. Entonces, se debería tener una regla de juego bien clara, de manera a lograr previsibilidad para evitar las conocidas situaciones donde aquel grupo que más presiona es el que obtiene los mejores beneficios”, dijo Llamosas.
En ese mismo sentido, agregó que dentro del paquete de reformas –preparado para el próximo año– también está la del Sistema de Pensiones, empezando por la Caja Fiscal, que viene atravesando profundos resultados deficitarios desde varios años, amenazando la sostenibilidad y las jubilaciones de los actuales aportantes.
Presión y aumentos. Las presiones de cada año se dan normalmente en época de elaboración del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año siguiente, agudizándose durante el tratamiento del PGN en el Congreso Nacional.
La mayoría de las movilizaciones son realizadas con el fin de presionar para conseguir más recursos para financiar aumentos salariales o creación de cargos y recategorizaciones. Lo que normalmente consiguen estos incrementos en sus respectivos presupuestos para el año venidero son los grupos con mayor impacto social, debido a la labor desempeñada, como, por ejemplo, médicos, docentes, entre otros.
Este año no fue la excepción, ya que nuevamente se desataron una serie de manifestaciones de funcionarios públicos, que exigieron aumentos salariales; algunos grupos lo consiguieron, otros no.
Uno de los casos fue la movilización de los funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que con una huelga de apenas medio día, lograron que el Gobierno les conceda unos G. 30.000 millones más para suba de salarios en el 2020.
También se registró huelga del sector docente, que pidió la aplicación del incremento salarial del 16% –ya acordado con el Gobierno– desde enero del 2020, y no desde julio como lo planteó el Ejecutivo en el proyecto de PGN; finalmente sancionado de esa manera por el Senado.