Hasta diciembre del 2021 había 190 adolescentes privados de libertad en distintos centros educativos del país. Sin embargo, ese número aumentó a 207 en apenas poco más de un mes, de acuerdo con el informe mensual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), presentado este martes.
En ese sentido, se señala en el documento que la población penitenciaria adolescente sumó 17 personas con relación al último informe de diciembre del año pasado, mientras que se hace hincapié en que ninguna institución presentó un descenso desde dicho periodo.
Además, de los nueve establecimientos habilitados en el país, solamente tres mantuvieron su población y los seis restantes tuvieron un aumento.
“Esta es la primera vez que se observa este fenómeno en los informes del MNP, lo cual es preocupante, debido a que es el inicio del camino a una población hacinada, y debe ser analizada la razón”, señalaron desde el MNP.
No obstante, indicaron que mediante informes de monitoreo del 2021 se tuvo conocimiento sobre un “debilitamiento del trabajo de los equipos técnicos”, asegurando que la consecuencia de eso es que hay deficiencia en la comunicación con los Juzgados, por lo que se puede faltar al proceso de revisión de medidas y, por ende, no otorgar las libertades correspondientes.
Finalmente, el Mecanismo consideró que los centros penitenciarios están en “situación de olvido y desatención”, por lo que manifestaron su preocupación. Cuestionaron la labor de los jueces, debido a que, según la institución de prevención de la tortura, demuestran “poca especialización en el área”.
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En cuanto a la población penitenciaria adulta, también se reportó un aumento desde el 14 de diciembre a finales de enero, con 64 personas más. Hasta el 31 de enero de 2022, el total de presos es de 15.215, de los cuales 14.469 son varones y 757 son mujeres.
Sobre la situación procesal de estas personas, se menciona que el 71,09% de la población penitenciaria adulta está con prisión preventiva, mientras que solo el 28,91% cuenta con una condena.
Con respecto a los establecimientos penitenciarios para personas adultas, para finales de enero presentaron incrementos la Penitenciaría Regional de Concepción, con 66 más; la Regional de Pedro Juan Caballero, con 28 más, y la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, con 23 más.
En contrapartida, contaron con descensos en la Penitenciaría Regional Padre Juan Antonio de la Vega, de Emboscada, con 23 personas privadas de libertad menos; la Penitenciaría Regional de Villarrica, con una reducción de 15 presos, y la Regional de San Pedro, con 14 personas menos.
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Según los datos presentados en el reporte, en los últimos cinco años la tasa penitenciaria por 100.000 habitantes en Paraguay ronda entre los poco más de 200, es decir, en el 2018 era de 210; en 2019, de 216; en 2020 sufrió un leve descenso, llegando a 193; en 2021 alcanzó 212 y para 2022 subió a 213.
El informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura fue elaborado con base en los datos diarios de fines del mes de enero de 2022, respecto a la población del sistema penitenciario, que incluye a adolescentes y adultos presos en las diferentes penitenciarías y centros educativos.
