La propuesta había sido planteada por el colorado Derlis Osorio, quien había reclamado semanas atrás que todavía no tenga dictamen el proyecto en la Comisión de Legislación.
No obstante, admitió que generará conflicto y resistencia por parte de algunos sectores.
“Es un proyecto muy importante que va a ayudar a la transparencia que necesita nuestro país. Busca combatir el tráfico de influencia y el acceso a la información privilegiada. Realmente es un proyecto muy ambicioso”, remarcó el legislador.
Señaló que normalmente hay grupos económicos que buscan introducir sus hombres en la función pública para acceder a información privilegiada.
Sostuvo que tanto la ciudadanía como el Gobierno deben manejar ese tipo de información, sabiendo cuando un alto funcionario tiene intereses en el sector privado que pueden colisionar con los intereses del sector público.
Práctica habitual. “Podrían haber muchos ejemplos. No quiero entrar a hablar de personas ni empresas, pero es una práctica habitual en muchos países, y en nuestro país todavía no se ha combatido este mal”, indicó Osorio.
Refirió que tiene que ver cuando un alto gerente pasa a la función pública y luego a la función privada, manejando ya información privilegiada.
“Existe una alta probabilidad de que ese funcionario quiera ayudar de alguna forma a la empresa de donde proviene. Creo que va a haber gente que se va a oponer naturalmente. Es una cuestión que va a afectar a mucha gente, pero el Estado debe tomar nota”, dijo.
Antipuerta giratoria. Osorio explicó que el primer paso es la aprobación de esta ley que obliga la presentación jurada de intereses de los altos funcionarios del Estado.
“A posteriori viene un proyecto que se denomina antipuerta giratoria, que tiene también antídotos para combatir este mal, que se da en diferentes estamentos, no solo financieros, y afecta el Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, acotó el senador.
Especificó que de acuerdo al proyecto, la Contraloría será la encargada de registrar los intereses de la gente que ocupa altos cargos en el Estado.
Mencionó que también establece sanciones, entre ellas la prohibición de ocupar un cargo público por cierto periodo y en ciertas áreas.
