Élida Favole, directora de Comunicación del Ministerio Público, en representación de la Fiscalía General –en ausencia de la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez– cuestionó que el equipo auditor de la Contraloría General de la República esté conformado por funcionarios que se encuentran procesados, tal como ya había adelantado ayer este diario.
“En este contexto, se ve difícil que se pueda permitir la auditoría de la Contraloría”, expresó en conferencia de prensa realizada en el salón auditorio de la sede central. Advirtió que no iban a permitir que se realice el procedimiento.
Además, aclaró que 32 de los 35 reportes y denuncias presentadas por el órgano contralor ante el Ministerio Público por supuestos hechos punibles detectados en la función pública –que fueron auditadas por un monto global de G. 45.912 millones, como cálculo del perjuicio patrimonial al Estado entre 2016 y 2018– están abiertas e investigadas. Incluso Favole resaltó que se designaron a agentes fiscales para que indaguen las denuncias. En tanto, tres de estos reportes fueron remitidos nuevamente a la Contraloría por no contar con elementos específicos solicitados, Del resto, todas cuentan con agentes fiscales.
“Los 35 reportes que fueron distribuidos en una planilla, los cuales informaron que en teoría estos casos carecen de agentes fiscales, nosotros informamos a la ciudadanía que son falsos y erróneos. El 100% de las causas que fueron procesadas tienen agentes fiscales, salvo tres que fueron devueltas a la Contraloría”, sostuvo la directora de Comunicación.
Cabe destacar que el titular del ente contralor, Enrique García, señaló el miércoles último, también a través de una conferencia de prensa, que la Fiscalía respondió que no había méritos para abrir un proceso penal con respecto a las denuncias y reportes que planteó ante dicha institución.
Comentó que la Fiscalía General solicitó un informe del estado procesal actual de las causas, a los efectos de determinar la responsabilidad penal de cada una de ellas.
auditoría. Por otra parte, Favole confirmó que Édgar Ramón Cáceres Fernández –designado por García como supervisor del equipo que va a auditar al Ministerio Público en lo que respecta al ejercicio fiscal 2018– se encuentra acusado por los hechos punibles de lesión de confianza, apropiación y estafa por un perjuicio de casi 2.000 millones de guaraníes.
Favole, abordada sobre si es necesario cambiar al titular de la Contraloría General de la República para que el Ministerio Público sea auditado, –esto teniendo en cuenta que el mismo se encuentra imputado por producción de documentos no auténticos en su modalidad de uso– respondió que eso queda a cargo del Congreso Nacional.