La ley del RUN unifica los Registros Públicos, Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas.
Su objetivo es solucionar los problemas de superposición de títulos inmobiliarios y la complejidad de varios trámites con la fusión de esas tres entidades.
Su crítica es que el proyecto podría blanquear las tierras malhabidas que están en manos de grandes terratenientes y que esto podría dejar en total desventaja a las comunidades campesinas e indígenas que luchan por su derecho a la tierra.
En cuanto a la ley de la carrera civil, Peña había anunciado que sería la solución para las contrataciones a familiares en el Congreso como casos de nepotismo, pero finalmente la norma no afectará la autonomía de este poder del Estado en ese sentido.
Entre uno de los mayores cuestionamientos en esta norma es que se le da la atribución al Ministerio de Economía de anular los contratos colectivos.
Peña tiene además en su poder el proyecto del Presupuesto General para el 2025 que ya tuvo sanción el 3 de diciembre, pero se sigue retrasando su promulgación.
Los legisladores lograron incluir en el presupuesto un autoaumento de salario de G. 6 millones desde enero, llegando a percibir G. 38 millones.
Este hecho fue muy cuestionado por significar un privilegio en medio de las necesidades de la población. Además, el presidente no estuvo de acuerdo, pero decidió ceder para no perder apoyo.
