CON PIOLITA. Otorgar o no el desafuero más que una obligación moral y legal, se ha convertido en la Cámara Baja, un instrumento para la negociación política.
Con las imputaciones y requerimiento de desafuero tanto a Cleto Giménez como a Roya Torres, ambos liberales, los colorados quedan en ventaja para negociar cabezas. De hecho, en la Cámara manejan que la selectividad judicial para imputar a estos dos tiene también su condimento político, dado que ambos legisladores hasta ahora satélites en beneficio propio, estarían atados de pies y mano, y ya solo podrían negociar “impunidad” y no dádivas y pedidos como los tendrían acostumbrados, de acuerdo a fuentes.
El hecho de que los hijos de Torres, Elías Godoy y las hijas de Giménez, Danna y Johanna, no asistieran a los trabajos para los cuales fueron nombrados en Diputados y que fue constatado de acuerdo a la imputación fiscal, empeoró el escenario para los liberales.
Dos colorados. Los expedientes tanto de Mauricio Espínola como del cartista, Esteban Samaniego, aguardan que sean incluidos en el tratamiento en Cámara Baja. El de Espínola es un caso particular, cuya legalidad se puso en duda tras la aparición de un supuesto chat entre el abogado Pedro Ovelar –parte denunciante– y el fiscal de la causa. Con este argumento, la comisión dictaminó en contra.
El caso que afecta a Esteban Samaniego, que suma cinco pedidos de desafuero, en una de las denuncias se habla de un perjuicio de G. 339 millones contra el Municipio de Quyquyhó que el cartista llegó a administrar. Por esta causa está imputado Samaniego bajo figuras de administración en provecho propio y asociación criminal.
DOS INTENDENTES. Con 39 imputaciones y casi con una en marcha cada semana, la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, está en constante observación no solo por la Justicia, sino por sus detractores políticos. De hecho, en la Cámara pintada en su mayoría de rojo es un hecho que pase un pedido de intervención, pero que primero debe pasar por varios trámites, entre ellos que la Junta decida intervenir. Prieto se ha convertido en “el talón de Aquiles” de la ANR, dado que no le pudieron derrotar y es el prácticamente último bastión además de Encarnación –en grado de importancia–, según los opositores. Es muy opuesto al caso de Asunción, administrada por Óscar Nenecho Rodríguez. En su caso, si bien el cartismo no termina de soltarle la mano, también es insostenible el hecho de que la rendición de cuentas de G. 500.000 millones no tenga respaldo. Si también un eventual pedido de intervención cae en Diputados, cada sector bregará por su aliado y ambos casos si llegan a consideración de la Cámara, entrarán en juego las negociaciones. El tablero político no es conveniente al opositor.
