Víctor Ortiz Benítez
@pinchi_ortiz
Empresas españolas con antecedentes de obras defectuosas en otros países del mundo y de licitaciones amañadas se presentaron para pugnar por lotes de una millonaria licitación, bajo la figura legal de la alianza público-privada (APP), de USD 480 millones del Ministerio de Obras Públicas (MOPC).
Se trata del llamado a licitación para la ampliación y mejoramiento de la ruta PY01 en el tramo Cuatro Mojones-Quiindy. La longitud de las obras es de 108 kilómetros. El llamado está actualmente en proceso de evaluación.
Empresas. Azvi SAU es una empresa española que forma parte del consorcio Rutas del Sur 1.
El grupo también lo conforman Cointer Concesiones SL y la Constructora Heisecke. Esta empresa internacional fue noticia en el 2016, luego de que el Gobierno chileno anunciara la demolición casi total del puente basculante que edificó sobre el río Cau Cau, en la región chilena de Los Ríos, a 850 kilómetros al sur de la capital, Santiago.
La razón –según el Ministerio de Obras Públicas de Chile– es que la empresa española Azvi colocó al revés una de las piezas principales, uno de los tableros que conformaban la parte levadiza.
La consecuencia fue que la obra, de USD 31 millones, pasó a USD 46 millones, es decir, con un sobrecosto de aproximadamente USD 15 millones solo en reparaciones.
Otra firma española que apunta a quedarse con uno de los lotes de la licitación es Acciona Concesiones SA. Esta empresa forma parte del consorcio Rutas del Sur 2, que también la integran Rovella Carranza y Concret Mix.
Esta firma internacional tiene como antecedentes una sobrefacturación en los trabajos de una plataforma logística de la ciudad española de Zaragoza (más conocida por el acrónimo PLA-ZA o PLAZA). El lugar es un espacio logístico compuesto por más de 1.300 hectáreas
En el 2022, la firma fue condenada a devolver unos 2,6 millones de euros por los sobrecostos producidos en las mencionadas obras. Esto se sumó a los 57,7 millones de euros que ya abonó en el pacto previo al juicio por corrupción. La resolución del arbitraje concluyó que la firma facturó 60 millones de euros de más para la realización de los trabajos.
Finalmente, la tercera firma española que también apunta a quedarse con el llamado es Sacyr Concesiones. El ente está integrado por el consorcio Desarrollo Vial Sur con la empresa local Ocho A SA.
En el 2018, la firma fue noticia debido a las concesiones otorgadas por el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), administrado en aquel entonces por Ramón Jiménez Gaona. En concreto, la cartera vial otorgó una ampliación del plazo a la Sociedad Objeto Específico (SOE), Rutas del Este, integrada en ese momento por la mencionada Sacyr (60%), la portuguesa Mota-Engil (20%) y la paraguaya Ocho A (20%), para que pueda conseguir el crédito internacional de USD 500 millones que debe financiar la duplicación de las rutas PY02 y PY07, a ejecutarse vía alianza público-privada (APP).
Con esto, la cartera vial facilitó a la contratista conseguir el crédito para duplicar ambas carreteras.
Además de esto, en el 2022, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España multó con 203,6 millones de euros a seis de las principales constructoras de ese país. Esto, por haber alterado, durante 25 años, miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras. Entre las sancionadas se encontraba la citada Sacyr.
La empresa también tiene antecedentes en el viaducto Hisgaura en el departamento de Santander, en Colombia, debido a irregularidades en las obras y un conflicto entre las partes. Un tribunal de arbitramento ordenó que la empresa sea indemnizada debido al incumplimiento del contrato por parte del Estado colombiano.
Cuestionamientos. El Ing. Hermann Pankow, asesor de obras públicas, expresó que el problema con la licitación del MOPC es que todas las ofertas invitadas están conformadas por empresas agrupadas en asociaciones como Cavialpa/Capaco, cuyos estatutos buscan “protegerse mutuamente”, lo que peligrosamente incluiría, por ejemplo, acordar ofertas y simular competencia para dividirse los contratos.
“La ley prohíbe que los socios simulen ofertas diferentes, como en el caso de Tecnoedil y Ocho A. También prohíbe que compita una empresa con atrasos, como Ocho A, que lleva tres años de retraso en la ruta PY02 y enfrenta una denuncia penal desde agosto de 2023”, cuestionó.
El asesor criticó que la cartera de obras sigue publicando precios ficticios, como en este caso de la APP para la ruta PY01, donde anuncia un costo de USD 480 millones, cuando el precio real de la ruta PY02, por ejemplo, superó los USD 1.500 millones, lo que resulta en más de USD 11 millones de dólares por kilómetro.
“Un costo exorbitante cuando en la región ese tipo de obras no pasa de USD 2 millones por kilómetro. Además, la falta de transparencia en las licitaciones, con empresas asociadas que simulan competir y se reparten los contratos internamente, es una práctica común”, dijo finalmente.
Sin respuestas. Intentamos comunicarnos con la ministra Claudia Centurión, de Obras Públicas; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, seguía sin remitir las respuestas a las preguntas que nos solicitó mediante su Dirección de Comunicación.
