Edgar Medina- Ciudad del Este
George Assaad Azar entregó un poder a su hijo Fernando Assaad Barrak Azar, para administrar sus bienes mientras se sometía a un trasplante, pero ese documento hecho en el Brasil fue traducido y utilizado también en Paraguay, para autotransferirse los bienes, de acuerdo con la denuncia del abogado Rolando Cáceres Salvioni durante una conferencia de prensa.
“En Brasil le despojó de 136 propiedades, aparte de 2 fábricas, vehículos y dinero en efectivo. Aquí quiso hacer lo mismo con los inmuebles, pero gracias a Dios se pudo atajar a tiempo, porque él descubrió, pero se apropiaron de la fábrica Mega Plástico, que vino por maquila en el 2006", afirmó el abogado, quien refirió que un clan familiar con funcionarios judiciales estaba detrás de este caso, sin mencionar nombres.
“El señor fue invitado por el Gobierno Paraguayo para invertir en el Paraguay. Acá nosotros estamos hablando de la falta de seguridad jurídica de un inversionista que vino a invertir todo su capital en nuestro país en el año 2006", agregó.
En el fuero civil de Ciudad del Este hay dos acciones judiciales iniciadas por un lado por Fernando Assaad Barrak, quien logró la prohibición de innovar como medida cautelar en el caso Mega Plásticos.
Mientras que los abogados de su padre plantearon una demanda ordinaria de nulidad de acto jurídico y remoción de administrador y otros, con intenciones de revertir la situación y recuperar las acciones de su cliente.
FALSIFICACIÓN. Por el mismo caso, la abogada Lilian Acosta denunció la supuesta falsificación de la firma de George Assaad Azar, para realizar las acciones judiciales en el juzgado civil y pidió a la fiscal Cinthia Leiva que se realice el peritaje de la firma hallada en los documentos presentados en ambos expedientes judiciales.
Esta denuncia fue calificada ayer de falsa y temeraria por parte de Rubén Darío Irala Santacruz, quien es el abogado que patrocinó la acción civil supuestamente firmada por George Asaad Azar. Este se presentó ayer ante la fiscal Cinthia Leiva para ratificar que la rúbrica hallada en el expediente judicial en lo civil le pertenece. La fiscal aún no sometió a peritaje la firma del empresario y sus abogados.
“Él aún figura en los registros tanto del Ministerio de Hacienda como de la Subsecretaría y el Tesoro como el propietario de las acciones. Porque ellos hicieron la transferencia y no inscribieron aún. Porque es ilegal, no se le va a recibir”, recalcó Cáceres Salvioni, quien anunció que demandará al perito de la Policía, suboficial Emigdio Montiel y la abogada denunciante Lilian Acosta por denuncia falsa y difamación y calumnia.
