El cortejo fúnebre llegó pasadas las 9.00 (12.00 GMT) al cementerio El Prado, en Puente Alto, una comuna del Sur de Santiago adonde el domingo fue trasladado desde el Sur el cuerpo del joven y velado por cientos de personas, entre ellas Roberto Márquez, el vocalista del emblemático y contestario grupo chileno Illapu.
“A Carabineros (Policía militarizada) hay que disolverlo, necesitamos una Policía, pero no a Carabineros”, dijo en el acto Felipe Riquelme, un manifestante que perdió un ojo tras recibir un disparo de perdigones durante la ola de protestas de octubre de 2019.
Amigos del malabarista, de 27 años, acudieron con pancartas y elementos ligados al arte callejero al entierro, en el que se registraron algunos forcejeos entre la prensa local y un grupo de asistentes encapuchados.
Al menos tres agentes policiales abordaron el viernes a Martínez para realizarle un control de identidad, al que él supuestamente se negó, en la localidad de Panguipulli, en la sureña región de Los Ríos, a 800 kilómetros al sur de la capital.
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Según imágenes difundidas en redes sociales, tras una discusión, uno de los agentes apunta con un arma de fuego a la víctima, quien arremete y desenvaina dos largos cuchillos de su espectáculo artístico, lo que provoca la reacción del uniformado que realiza cinco disparos, causándole la muerte al malabarista.
El uniformado, que alega legítima defensa, fue detenido horas después de los hechos y será formalizado este lunes.
“La cultura es el peor enemigo del Estado y la impunidad es lo que hay que derrocar”, agregó Riquelme en el funeral. La muerte del malabarista desató una ola de protestas en Panguipulli, cuyo edificio municipal fue incendiado el pasado viernes, pero también hubo barricadas en Santiago y en ciudades como Concepción.
Los hechos, además, desataron críticas hacia Carabineros por parte de la oposición y de las organizaciones de derechos humanos, que reiteraron la “urgencia” de refundar el cuerpo policial e hicieron un llamado a hacer un uso de la fuerza “racional y proporcional”.
Chile vivió a finales de 2019 la crisis social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con una treintena de muertos y miles de heridos, además de señalamientos por violaciones a los derechos humanos hacia las fuerzas de seguridad.
Las críticas contra el cuerpo policial, otrora bien valorado por la ciudadanía, se intensificaron el pasado octubre, a pocos días del primer aniversario del estallido social, cuando un agente lanzó a un menor al cauce de un río durante una protesta.
