La presidenta del Tribunal de Sentencia, Rossana Maldonado, admitió el pedido del procurador Marco Aurelio González, y dispuso el embargo de los bienes hasta cubrir la suma de G. 2.482.950.000, más los gastos de justicia por G. 248.295.000. En total, son G. 2.731.245.000.
Ambos habían sido condenados por lesión de confianza por el millonario desvío en la compra de víveres para enviar a tres departamentos del Chaco, entre los meses de marzo y abril del 2012, conforme con la resolución.
En un primer juicio oral realizado en el 2019, la ex ministra Cardozo y el ex director Benítez fueron absueltos de culpa y reproche, pero este fallo fue anulado por el Tribunal de Apelación Penal, tras el recurso de la entonces fiscala Victoria Acuña.
En el segundo juzgamiento público, fueron condenados a dos años de cárcel con suspensión a prueba de la ejecución de la condena. La acusación fue defendida por el fiscal Luis Piñánez.
MAGISTRADOS. El tribunal que les condenó estuvo conformado por los jueces Rossana Maldonado, Manuel Aguirre y Blanca Gorostiaga. De ahí que la acción para reparación del daño promovido por la Procuraduría General se haya iniciado ante la citada juzgadora.
Tras la petición, la PGR tuvo resolución favorable para el embargo de bienes de los condenados por hechos punibles de corrupción, en el marco de la acción de reparación del daño a consecuencia de la causa “Gladys Mercedes Nicolasa Cardozo y otros sobre Lesión de Confianza”, del año 2014.
Maldonado le dio trámite a la acción de reparación del daño, en virtud a una providencia de mandamiento de embargo.
La acción se promovió para obtener el resarcimiento de daños derivados de hechos de corrupción. En dicha oportunidad, ordenó el embargo preventivo sobre los bienes de los demandados hasta cubrir las citadas sumas.
Conforme con lo resuelto por el Tribunal Colegiado de Sentencia Permanente N° 5 de la Capital, en la sentencia definitiva N° 182, dictada el 27 de mayo de 2022, se determinó la responsabilidad civil de los señores Gladys Cardozo, ex ministra, y del ex director de la UOC, quienes deberán abonar la suma reclamada por la PGR, como compensación por los perjuicios ocasionados al Estado a causa de la comisión de delitos relacionados con la lesión de confianza.
