A pesar de los años de crecimiento económico, la presión tributaria no ha superado el 10%. Las consecuencias están a la vista. Invertimos la mitad de lo que se requiere en salud y educación y, por lo tanto, Paraguay se ubica en toda la región latinoamericana entre los 7 u 8 peores. Desaprovechamos el periodo del crecimiento económico para invertir en infraestructura, lo que hizo que actualmente estemos endeudados hasta la mitad de este siglo.
No haber contado con un buen sistema de salud en la pandemia fue sumamente costoso para el país en muchos sentidos: desde la pérdida de vidas humanas hasta el endeudamiento de los hogares y las empresas. El costo educativo ni siquiera es posible estimar.
La mayor parte de los organismos financieros han realizado sugerencias de manera a transitar hacia un sistema que recaude más y de manera más justa. Estos cambios tienen un alto contenido político y deben respetar consideraciones técnicas.
El contenido político surge por el carácter redistributivo de la política tributaria, ya que una de las principales funciones de los impuestos es contribuir a reducir la desigualdad económica. Los tributos tienen también exigencias técnicas que deben respetarse, por lo que es necesario escuchar a los especialistas en la materia.
La forma en que el Congreso está tomando decisiones muestra la falta de responsabilidad en el tratamiento de uno de los principales instrumentos con que cuenta el Estado para garantizar la calidad de vida y la reducción de las brechas.
Uno de los detonantes de la pérdida de confianza en Liz Truss, la ex primera ministra británica, fue justamente proponer reducir un impuesto sin informar los gastos afectados o la fuente de ingreso adicional.
Esta falta de seriedad y compromiso con el equilibrio fiscal motivó una de las críticas principales a su gestión, tanto desde la ciudadanía como de su propio sector político.
En Paraguay, sin embargo, es posible que el Congreso pueda tomar decisiones presupuestarias, incluyendo tributarias, sin evaluar las consecuencias de las mismas ni contar con informes técnicos, que además deben ser serios y transparentes.
Más allá de la ausencia de argumentos técnicos suficientemente avalados por evidencia empírica, se encuentra el factor político. En un periodo preelectoral, los parlamentarios están tomando decisiones que les benefician de manera particular para alimentar su discurso durante la campaña, pero les dejan la responsabilidad de los efectos fiscales a los funcionarios públicos. Estos terminarán cortando el presupuesto en aquellos rubros que por lo general afectan a los sectores más vulnerables y por ello menos movilizados o con menor capacidad de negociación. El argumento será la “austeridad”, para darle una connotación positiva.
De esta manera, una decisión que discursivamente –porque nunca se muestran datos sobre el efecto potencial en la realidad– beneficia a la mayoría terminará afectando toda la política fiscal y con ventajas para algunos sectores minoritarios.
La política fiscal es el instrumento más importante que tiene el Estado para garantizar los derechos de la ciudadanía y las condiciones para la producción. Por lo tanto, debe ser tratado con la seriedad que corresponde. La forma en que se están tomando decisiones tributarias, sin suficiente evidencia empírica sobre los costos y beneficios a corto y largo plazo, y sin considerar las consecuencias en la reducción de los gastos y sus efectos en áreas estratégicas como el pago de la deuda y los presupuestos en salud, educación o infraestructura, es irresponsable y poco comprometida con el bien común.