Carlos Meneses Sánchez - EFE
Parlamentarios, jueces, académicos y grandes empresas de tecnología, como Google y Facebook, buscan fórmulas para minimizar los efectos del fenómeno de la desinformación a falta de cinco meses para los comicios más inciertos de los últimos tiempos en el país.
Todos parecen estar de acuerdo en una idea: evitar que se repita lo ocurrido en las elecciones estadounidenses de 2016, aunque en Brasil no se han detectado, por el momento, injerencias de ningún país extranjero.
El Consejo de Comunicación Social (CCS), un órgano consultivo del Congreso brasileño, creó en marzo pasado una comisión para estudiar los proyectos de ley en discusión sobre las noticias falsas, ocho hasta el momento.
“Las ‘fake news’ tendrán un impacto en Brasil que, por ejemplo, ya están teniendo en México. En Chile fueron identificados, en estas últimas elecciones, por lo menos 70 IP de noticias falsas sobre la campaña localizados en Brasil”, apunta a Efe Murillo de Aragao, presidente del CCS.
“No tengo dudas de que habrá un impacto”, aunque ese problema “siempre existió", pero hoy toma más dimensión debido a que hay “mecanismos de replicación” vía internet, añade.
En otro frente, el Tribunal Superior Electoral instituyó en diciembre pasado un consejo consultivo sobre internet y elecciones. El objetivo: mapear noticias deliberadamente mentirosas y estudiar sus posibles efectos en los comicios.
Además del propio tribunal, integran ese órgano representantes del Gobierno, la Fiscalía y la Policía Federal y miembros del Comité Gestor de Internet en Brasil (CGI.br), así como de la Agencia Brasileña de Inteligencia, entre otros.
“El problema de la desinformación en Brasil es grave porque hay grupos que transformaron la desinformación en estrategia política, principalmente, a través del uso de WhatsApp”, indica Sergio Amadeu, miembro del CGI.br e investigador de redes digitales.
En su opinión, se trata de grupos ligados a discursos de “odio, racista y homofóbico” y a ideas “totalitarias” que basan su estrategia en la desinformación, lo que “vuelve el problema mucho más serio”, ya que podría favorecer al líder de la ultraderecha, Jair Bolsonaro, segundo en los sondeos electorales.
El poder de las noticias falsas ya se notó en Brasil cuando se difundió por las redes que la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco, asesinada a tiros hace dos meses, tenía vínculos con una facción criminal.
El tribunal electoral avisa: “Si queda probado que candidatos y partidos han utilizado deliberadamente” noticias falsas, “no hay legislación” que trate esa cuestión, por lo que “eventuales abusos” serán juzgados “caso a caso” hasta que se debatan los proyectos en trámite en el Congreso.
Entre esas iniciativas, cuenta De Aragao, hay recomendaciones para “identificar a la persona que publica”, “sanción rápida” a los portales que no retiran de inmediato las noticias falsas por decisión judicial, mecanismos de verificación y planes educativos.
A Amadeu le “preocupan mucho” las “soluciones mágicas” porque pueden utilizarse para “imponer censura” y perseguir “discursos no oficialistas”.
“Infelizmente, estamos más cerca de la censura que de un trabajo serio de denunciar la desinformación”, resalta.
Los gigantes de la tecnología también se han puesto manos a la obra. Facebook lanzará la próxima semana en Brasil un programa de verificación de noticias en colaboración con Aos Fatos y Agencia Lupa.
De acuerdo con la red social, este mecanismo permitió reducir en Estados Unidos, donde ya está implementado, hasta en un 80 % la “distribución orgánica de noticias consideradas falsas”.
Google también cuenta con iniciativas como verificación asociada, planes para formación de lectores jóvenes, entrenamiento para periodistas y pondrá a disposición una página con datos de las búsquedas realizadas durante la campaña electoral, como ya hizo en Argentina, EE.UU., Noruega, Holanda y Alemania.
“No hay solución milagrosa, pero estamos progresando”, apunta el buscador en una nota remitida a Efe.
En plena batalla por la veracidad, Amadeu insiste en que “cada caso es un caso y es preciso evaluar qué tipo de información fue divulgada”, pero advierte de que “una gran mentira puede alterar la opinión de un porcentual de electores y eso acaba influyendo o decidiendo unas elecciones”.
