El vicepresidente agregó que esos funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) jamás comunicaron al Gobierno sobre la decisión de dar autorizaciones a esa aerolínea porque sabían que se rechazaría la autorización.
Apuntó que la decisión de otorgar los permisos a la empresa fue un “acto de negligencia, de desconocimiento de las normas y de un manejo arbitrario de la capacidad decisional del Estado” y que “debe ser castigado con la cárcel, sin proteger ni perdonar a nadie”.
Los funcionarios de la DGAC usaron sus cargos para “negocios personales” y es un delito que “ha dado lugar a un crimen”, dijo.
Si hay funcionarios de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) o de la DGAC que son responsables de registrar mal los papeles o no fueron precisos en sus autorizaciones “a toditos hay que cargarlos”, agregó.
García Linera también dijo al diario que ni él ni el presidente del país, Evo Morales, sabían que existía una cuarta aerolínea en el país, cuyo mercado de transporte aéreo sobre todo está dominado por la estatal BOA y atendido por otras dos empresas privadas pequeñas.
Morales y otras autoridades usaron la aeronave de Lamia el mes pasado durante un vuelo en la Amazonía, pero las autoridades señalaron que no sabían que era una aerolínea con permisos.
En Bolivia también brinda servicio de transporte de pasajeros la aerolínea militar TAM, cuyas actividades se suspenderán la próxima semana para que se adecue a los estándares y normas internacionales, según una decisión anunciada el jueves por las autoridades.
Lamia, que tuvo origen venezolano, pero luego se constituyó en una empresa boliviana, según sus ejecutivos, obtuvo el 21 de julio del 2015 un “Certificado de Explotador de Servicios Aéreos” para realizar vuelos chárter nacionales e internacionales, con la firma de un jefe interino de esa institución, el general Édgar Pereyra.
Además, la Fiscalía General de Bolivia informó de que el director nacional de Lamia, Gustavo Vargas Gamboa, solicitó en 2014 el permiso para importar el avión AVRO RJ 85 (la nave siniestrada la semana pasada) y lo obtuvo de su hijo, Gustavo Vargas Villegas, que era el director del Registro Aeronáutico Nacional de DGAC.
Una jueza ordenó la noche de este jueves encarcelar de forma preventiva a Vargas Gamboa mientras se realiza su juicio, mientras que su hijo está detenido por instrucción de la Fiscalía a la espera de una audiencia de medidas cautelares.
