El miércoles último, el presidente de Petropar, Eddie Jara, anunció el acuerdo al que se llegó con los cañicultores para presentar un nuevo proyecto del tren de molienda de la alcoholera estatal, que cumpla con todas las condiciones técnicas, ambientales y operativas necesarias. Además, adelantó que la obra en cuestión no podrá ser utilizada, situación que quizás fue previsible desde un principio por los hechos que acontecieron durante el proceso.
Inicio. En 2018 se invirtieron USD 3,5 millones en la modernización de la planta actual. Mientras que el plan para la nueva planta alcanzaba G. 195.299 millones (USD 25 millones al cambio de ese entonces), y la intención era que la petrolera estatal recupere la inversión desde el 2024 con las ganancias estimadas.
El entonces presidente de Petropar, Denis Lichi, actual gobernador de Cordillera, fue quien dio la palada inicial para el nuevo tren en diciembre de ese año, mientras que el inicio de las obras civiles fue en enero del 2022.
En ese entonces, la proyección era que la obra estuviera concluida para mayo de 2023. La obra fue adjudicada a la firma Estructura Ingeniería SA (Eisa), propiedad de Felipe Nery Huerta y Alberto Palumbo. Dicha empresa ya arrastraba otras denuncias por irregularidades en las obras del espigón norte del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y aulas inconclusas de escuelas públicas por las cuales ya había recibido el pago, según el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
Atraso. En todo el año 2022, la empresa contratista, alegando falta de fondos, dejó paradas las principales obras, hasta que a finales de diciembre de ese año se decidió incorporar a la firma Ocho A (propiedad del senador Luis Pettengill) como subcontratista, para que esta pueda apoyar financieramente a Eisa y salvar la obra.
En ese momento, Eisa presentó ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) un pedido de avenimiento (conciliación entre las partes) en la forma de pago, ya que la empresa afirma que en el pliego de bases y condiciones de la licitación se menciona que los pagos se harían por fiscalización y certificación de avances de la obra; es decir, mes a mes.
La versión de Petropar, en su momento, fue que la forma de pago es del 90% contra entrega de todo el equipo y el 10% cuando esté todo montado y en funcionamiento.
El monto. Inicialmente, el presupuesto de la obra era de G. 195.299 millones, pero para la adecuación de caminos internos que no estaban contemplados en principio se amplió el plan de gasto en G. 3.405 millones y se concedieron dos meses de plazo. Es decir, el presupuesto total de la obra subió a G. 198.704 millones, de los cuales Petropar entregó como anticipo el 20%, es decir G. 41.778 millones.
Si bien las obras avanzaron en 2023, con la llegada del nuevo gobierno y con la administración de Eddie Jara al frente de Petropar, se decidió pausar la obra y se resolvió realizar fiscalizaciones por parte de una consultoría para definir el futuro del proyecto, a la par que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) inició un procedimiento de verificación contractual, que concluyó con la recomendación de la aplicación de una multa de 18.602 millones.
En todo el año 2024 y estos meses del año en curso, la administración de Jara se mantuvo en silencio y recién tras la presión de los cañicultores dio a conocer el perjuicio y anunció la denuncia penal que se presentaría, lo que se concretó al finalizar la semana.
