“Se SUSPENDEN los efectos de las sesiones celebradas los días 26 y 28 de abril, y 03, 05, 10, 12 y 17 de mayo de 2016, junto a los actos producidos en ellas”, dice el fallo de la Sala Constitucional del TSJ que se dio a conocer este sábado.
Se indica en la decisión del Supremo que los días 26 y 28 de abril la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y su mayoría opositora “aprobó inconstitucionalmente” un voto de censura contra el ministro de Alimentación.
Esos días, además se dio la primera discusión del proyecto de Ley de Protección e Indemnización a Usuarios frente a fallas del Servicio Eléctrico, el proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y el Acuerdo para dignificar el salario mínimo de los trabajadores en Venezuela.
Los demandantes, un grupo de diputados chavistas, solicitaron al TSJ que se declare la nulidad de esas jornadas legislativas “por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad de los actos de fijación de las sesiones y cambio de agenda de la Asamblea Nacional”.
Con respecto a las sesiones realizadas en el mes de mayo, los diputados chavistas también pidieron su nulidad porque “persistía la conducta irregular por parte de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y su mayoría relativa”.
Entre esas supuestas irregularidades se señala que las sesiones se convocaron con menos de 48 horas de anticipación y que se cambió el contenido del orden del día sin advertencia previa.
En la sesión del día 17 de mayo fue sometido a consideración de la plenaria el decreto presidencial de estado de excepción y emergencia económica.
En la decisión de la máxima corte, firmada por la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, se ordena además citar al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup; a la fiscal general, Luisa Ortega; al procurador general, Reinaldo Muñoz, y al defensor del pueblo, Tarek William Saab.
Desde que el Parlamento de contundente mayoría opositora se instaló el pasado 5 de enero, el Supremo venezolano ha tomado decisiones en las que suspende o anula los resultados de las sesiones legislativas.
En julio pasado, tras una decisión del TSJ contraria al Parlamento, Ramos Allup dijo: “Vamos a seguir cumpliendo con nuestros deberes constitucionales contra las decisiones inconstitucionales que dicte esa Sala Constitucional que es un apéndice, es el bufete del Gobierno”.
