La decisión fue tomada por el juez Alexandre de Moraes, quien también determinó que esas plataformas retiren de forma integral “todos los anuncios, textos e informaciones” impulsadas desde Google con críticas al denominado “PL (proyecto de ley) de las Fake News”.
Para el magistrado, la actuación de esas plataformas puede constituir, en tesis, “abuso de poder económico” y, eventualmente, haber contribuido “a la desinformación practicada por milicias digitales en las redes sociales”, asunto que ya investiga el Supremo desde hace unos años.
El fallo se suma a las medidas cautelares anunciadas previamente por el Gobierno brasileño contra Google, a la que acusó de promover una “campaña abusiva y engañosa” contra el texto que debate el Parlamento y que busca endurecer el control a las redes sociales.
La polémica surgió a partir de un artículo que Google fijó en la versión brasileña de su buscador, titulado “El PL (proyecto de ley) de las ‘fake news’ puede aumentar la confusión sobre lo que es verdad o mentira en Brasil”.
La publicación, firmada por el director de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas de Google Brasil, Marcelo Lacerda, expone una serie de objeciones contra el citado proyecto de ley, que la Cámara de Diputados se propone votar esta misma semana.
Exigencias
De Moraes también exigió a Google, Spotify y Meta, empresa dueña de Facebook, Instagram y Whatsapp, que expliquen “los métodos y algoritmos para impulsar e inducir la búsqueda” en sus plataformas del término “PL de la Censura”, como los críticos han bautizado el citado proyecto de ley.
Asimismo, emplazó a esas empresas a informar de “las medidas reales y concretas”, mediante el envío de protocolos y documentos que así lo comprueben, que adoptan para “prevenir, mitigar y retirar prácticas ilícitas en el ámbito de sus servicios y en el combate a la desinformación de contenidos generados por terceros”.
En este marco, De Moraes pretende que los jefes de Google, Meta y Spotify declaren ante la Policía Federal para explicar los motivos que supuestamente les llevaron a promover contenido crítico contra el proyecto de ley en debate y que los gigantes tecnológicos rechazan.
La iniciativa tramita en el Parlamento desde 2020 y prevé medidas para endurecer el control de las redes sociales y ampliar la lista de contenidos que deben ser eliminados antes de un dictamen judicial, así como establece sanciones para las empresas que no se ajusten a esas normas.
