Aunque con avances positivos, el sistema penitenciario en nuestro país es considerado como “uno que goza de muy buena salud para el sistema de corrupción”, en donde los intentos por hacer mejoras son “incipientes”, analizó el comisionado Orlando Castillo, del Mecanismo de Prevención de la Tortura (MNP).
En su paso constante por las cárceles, continúa viendo que se formó “un sistema de mercado, donde todo se vende”.
“La gente sigue teniendo hambre en las cárceles, desaparecen productos que van a las penitenciarías. Por eso, debe haber un control efectivo, no solo mirar al privado de libertad, sino al funcionario también”, explicó.
Castillo detalló que reducir la corrupción va a demostrar que hay verdaderamente un espíritu de mejorar.
Por un lado, mencionó que si bien se desarticuló Tacumbú, lo que se hizo fue “llenar” las cárceles del interior, donde todo es más difícil para hacer el seguimiento de sus causas.
“Esa gente no tiene acceso a la Justicia, no se comunica con su abogado. Lo que pudo ser una prisión preventiva de seis meses, se convierte en dos o tres años, porque se pierden del sistema”, lamentó.
Al respecto, el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, habló que Tacumbú necesita ser desalojado por la estructura que tiene. “Había que sacarles, para hacer remodelaciones, pero en realidad, el hacimiento, el problema radica en el abuso de la prisión preventiva”, sostuvo.
CLASIFICACIÓN Y FAMILIA. Hoy, el Ministerio de Justicia se encuentra implementando las clasificaciones entre condenados y prevenidos.
Orlando Castillo, sin embargo, menciona la necesidad de mirar que en esta separación los programas de reinserción sean más fuertes y no solo las políticas de reducción de contacto externo.
En Minga Guazú, por ejemplo, “los privados de libertad tienen una sola hora semanal de visita familiar; entonces, no se facilita la revinculación familiar”, explicó.
Su propuesta es que en cada cárcel se destine pabellones a condenados y otro a prevenidos y así hacerles seguimiento, “donde se debería incorporar un equipo técnico que evalúe dónde vive el recluso y si su familia logra visitarlo”.
Porque al salir, ¿a dónde se va? “Debe ser recibido por su familia, y si no se trabaja eso y le rechazan, a los dos días vuelven a delinquir”, dijo.
El viceministro reconoció las visitas una vez por semana en Minga, y, que incluso, en módulos de máxima seguridad, las visitas de familia son solo cada quince días. “Son restricciones que permiten los fallos de la Corte IDH porque requieren un régimen diferenciado” por su perfil delictivo.
AGENTES PENITENCIARIOS. Por último, hay una preocupación sobre el rol del agente penitenciario, que si bien debe controlar la población carcelaria, “también tiene una función de educación”.
“No se trata solo de evitar que salgan por el portón o la muralla”, dijo Castillo, sino de hacer una reingeniería del rol del agente penitenciario, con una carrera de profesionalización y que, a mayor formación, se le reconozca por escalafones, y que vayan subiendo de puesto.
Lanzó que “esta ruta es importante, para evitar que sigan ingresando políticos a la oficina de la Dirección solicitando se designen a ciertas personas como directores”.
El viceministro Rubén Maciel mencionó que se está implementando un proceso de formación, con una inducción de seis semanas y ya ingresan como agentes. Mientras, hacen una tecnicatura de dos años.
“Son tres ejes. La parte de seguridad: Aprender disciplina, formación en recursos humanos y se entrena en base a las funciones sociales”, dijo. Reconoció que quieren elevar el estándar de tiempo inducción.
DATOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
- 19.692es la población total de personas privadas de libertad (PPL) actualmente.
- 13.372 privados de libertad están en condición de procesados, es decir, el 68% del total.
- 6.318 personas privadas de libertad son condenadas, es decir, el 32% del total de recluidos.
- 94% de la población penitenciaria son hombres (18.594), y hay 1.098 mujeres recluidas.
- 179 adolescentes se encuentran en institutos de reeducación.
