Según el informe, las acciones tomadas “solo apuntan a fortalecer la capacidad del Estado para controlar cárceles”, por lo que falta medidas que realmente aborden las causas de fondo las cuales permite que los grupos criminales carcelarios continúen teniendo dominio.
ABUSO DE LA PRISIÓN. El hacinamiento, por ejemplo, se refleja en los números estadísticos. En total, existen aproximadamente 18.524 reclusos a nivel país en las diferentes penitenciarías. Sin embargo, el sistema está diseñado solo para albergar a 10.044 personas.
Encima, “alrededor de dos tercios de los encarcelados son reclusos preventivos que aún no han sido condenados”. Es decir, que 2 de 3 presos hoy están todavía sin sentencia.
“La respuesta del Gobierno se concentró en reforzar la capacidad del Ministerio de Justicia, pero cuando una prisión como Emboscada alberga a 1.511 reclusos, a pesar de estar diseñada para 408, resulta casi imposible mantener control. En tales condiciones, prosperan grupos criminales”, analiza.
El sistema penitenciario está en estado de emergencia desde el 22 de diciembre de 2023, tras una serie de motines iniciados en el penal de Tacumbú, específicamente por parte del Clan Rotela. Esta medida –aprobada por el Congreso– estará vigente hasta diciembre del 2025.
En este primer año de emergencia, las autoridades intensificaron los esfuerzos para evitar la proliferación del crimen organizado en las penitenciarías.
El primer avance fue el Operativo Veneratio, realizado el 18 de diciembre del 2023, donde fue desbaratada una red criminal fortalecida en el penal de Tacumbú. Su líder, Armando Javier Rotela, y los principales cabecillas del grupo hoy están aislados en cárceles de máxima seguridad.
En abril de 2024, se realizó la Operación Joapy, que implicó la deportación de 25 presos vinculados a grupos criminales brasileños. La acción más reciente, en diciembre de 2024, fue el Operativo Peine Fino, buscando prevenir fugas carcelarias.
Todas estas medidas, sin embargo, InSight Crime lo nombró como “victorias de corto plazo”. “Es probable que este enfoque posibilite que las bandas y otras amenazas sigan surgiendo entre rejas”, explicaron.
Dante Leguizamón, especialista y comisionado en DDHH, precisó que “la clave para abordar problemas relacionados con corrupción o hacinamiento se debe comenzar por resolver los problemas dentro del propio sistema de Justicia penal”.
