El proyecto de ley será tratado esta semana en el pleno de la Cámara Alta, según lo previsto, pero la mayoría de las organizaciones gremiales de funcionarios estatales han solicitado a los parlamentarios que el proyecto sea postergado y tratado recién en marzo del año próximo.
Los gremios se pronunciaron en la audiencia pública impulsada por la Comisión Bicameral de Reordenamiento del Estado, cuestionando varios puntos de la ley y en defensa de sus derechos laborales conquistados.
COMISIONES. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, senador colorado Mario Varela, fue uno de los tantos que anunciaron públicamente que el proyecto del Ejecutivo fue modificado introduciendo en los artículos la aclaración de que quedan exceptuados el Poder Legislativo y Judicial de dicha ley.
Varela argumentó cuestiones constitucionales para impulsar dichos cambios a la propuesta legislativa del Ejecutivo, señalando la adecuación al equilibrio de poderes que predica la Carta Magna.
“Estamos hablando de varios artículos, la adecuación, de acuerdo con el criterio constitucional que se debe tener, nosotros testamos, en esta comisión, al Poder Judicial y al Poder Legislativo, de varias disposiciones, porque creemos que el artículos 3 de la Constitución Nacional, cuando habla del recíproco control y equilibrio de poderes, no puede el Ejecutivo tener una atribución ilimitada en las disposiciones internas administrativas de los demás poderes”, dijo Varela.
Otras modificaciones planteadas en dicha comisión tienen que ver con la jornada laboral, los derechos laborales de los empleados públicos, y las disposiciones sobre la contratación de profesionales por plazos determinados o contratos temporales, en especial en lo relativo a las asesorías, según explicó Varela.
Los legisladores pusieron como fecha límite para introducir cambios el pasado miércoles 6, y su tratamiento para este miércoles 13.
Cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales abordó el tema, Andrea Picasso, viceministra de Capital Humano y Gestión Organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), señaló que la intención del Ejecutivo es que la ley abarque a todos los poderes, y que cada uno implemente su reglamentación interna.
La viceministra subrayó que esta propuesta integra a todos los organismos públicos, reconociendo las competencias de los órganos constitucionales y leyes especiales.
Explicó que la normativa propuesta por el Ejecutivo, solamente no afecta a carreras específicas, como la militar, docente, enfermería, etcétera, definidas en la Constitución. Además, se limita el alcance de los cargos de confianza, estableciendo que deberán ser cubiertos mediante concurso público.
