Esta normativa deroga la Ley N° 4595/2012 “Sistemas de Pagos y Liquidación de Valores” y busca regular nuevos actores y servicios en el sistema de pagos, fomentar la interoperabilidad, permitiendo la conexión entre distintos sistemas de pago para facilitar transacciones accesibles a toda la población y fortalecer el rol del Banco Central del Paraguay.
Las modificaciones aprobadas, recomendadas por la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, se hicieron en el artículo 2, inciso b, y se agrega que, asimismo, el Banco Central del Paraguay reglamentará las medidas necesarias, ya sean de carácter general o particular, para garantizar la seguridad en el manejo de la información y la protección de datos de los participantes en el Sistema Nacional de Pagos.
Asimismo, se realizó una modificación de forma en el capítulo 8, en el artículo 31. La senadora oficialista Lizarella Valiente mencionó que todas estas modificaciones se hicieron con el acompañamiento del Poder Ejecutivo.
Entre los principales puntos del proyecto, se menciona que la futura ley establece la regulación de nuevos actores y servicios en el sistema de pagos, como las “fintechs”, los proveedores de servicios de iniciación de pagos y otras plataformas digitales que facilitan transacciones electrónicas.
Esto, atendiendo a que el marco normativo vigente no define de manera clara los roles y responsabilidades de estos nuevos actores ni establece criterios específicos para su regulación.
La propuesta introduce disposiciones que permitirán definir a los proveedores de servicios de pago, estableciendo criterios claros para su regulación y vigilancia. Igualmente, amplía la regulación a servicios de pagos, asegurando un marco normativo que se adapte a las innovaciones tecnológicas y fortalecer la transparencia y seguridad en las transacciones electrónicas, minimizando riesgos de fraude y abuso. Asimismo, busca profundizar la inclusión financiera y reducción de barreras de acceso por medio del fomento de la interoperabilidad, permitiendo la conexión entre distintos sistemas de pago para facilitar transacciones accesibles a toda la población. Por otra parte, se prevé la reducción de costos, según se menciona en el artículo 26, y la eliminación de barreras de entrada, garantizando que más ciudadanos puedan beneficiarse de los servicios financieros digitales.
La ley permitirá ampliar las facultades del BCP, otorgándole mayor capacidad de regulación y vigilancia de los servicios y sistemas de pagos y proveedores de servicios de pagos. Por último, se eliminan las duplicidades regulatorias, evitando conflictos de competencias con otras entidades.
