21 abr. 2024

El Senado consumó atropello a la Constitución y la democracia

El Senado aprobó, finalmente, la resolución por la cual pierde su investidura la senadora Kattya González. El bloque colorado cartista y sus satélites consumaron un verdadero atropello a la Constitución Nacional, cuando decidieron interpretar a su antojo la Carta Magna y cambiar arbitrariamente el reglamento de la mayoría. Al final de la jornada; sin embargo, en la sala de sesiones los argumentos para la expulsión de la senadora quedaron en un segundo plano. Ayer fue, sin duda, un día amargo para la democracia.

Las primeras tres palabras del preámbulo de la Constitución Nacional lo definen todo: “El pueblo paraguayo…”. Y prosigue, “por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia, reafirmando los principios de la democracia republicana, representativa, participativa y pluralista, ratificando la soberanía e independencia nacionales, e integrado a la comunidad internacional, sanciona y promulga esta Constitución”.

Nuestra Constitución de 1992 reemplazó a la stronista de 1967 y fue el resultado de un pacto de una clase política que, sin duda, tuvo la altura para debatir políticamente con un espíritu de verdadera tolerancia. Esta Constitución condenó al autoritarismo tras la larga dictadura de Stroessner (1954-1989).

Paraguay es una República, que adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista. Estos preceptos fueron ayer pisoteados por el voto de 23 senadores.

Después de un largo debate en el que estuvieron ausentes los argumentos y con un procedimiento en el que el reglamento de la mayoría para decidir la pérdida de investidura fue cambiado al antojo y para el beneficio del sector colorado cartista, la senadora opositora Kattya González fue expulsada del Congreso Nacional. Esta es la crónica de un durísimo golpe a la democracia y al Estado de derecho.

En diciembre de 2023, un senador colorado presentó el proyecto de resolución por el cual se reglamentaba el artículo 201 de la Constitución Nacional sobre la pérdida de investidura para los senadores. Decidieron entonces que para la pérdida de investidura se requerían dos tercios, lo que equivale a 30 votos. Ayer, en un gesto de desprecio a la propia Constitución y a sus instrumentos, una mayoría de 23 senadores colorados y sus satélites aprobaron la pérdida de investidura. Cuando les convino para salvar a sus correligionarios cambiaron el reglamento, cuando necesitaron bajar el requisito de votos, lo hicieron de forma arbitraria.

La decisión tomada ayer por el Senado exhibe la absoluta desnaturalización de la figura de la pérdida de investidura y, sobre todo, representa un grave deterioro de la institucionalidad de la República, pues es inaceptable que por tener mayoría se hagan interpretaciones antojadizas del texto constitucional. La mayoría no puede hacer simplemente lo que quiere, especialmente no puede cambiar reglamentos a su antojo para perjudicar a las minorías o los adversarios políticos. Lo sucedido en el Senado ayer va en contra –precisamente de los postulados de participación y pluralismo– y representa el grave deterioro del sistema democrático.

Estamos viviendo tiempos difíciles para la democracia. Y, precisamente, como señalara el cardenal Adalberto Martínez: “En medio de momentos difíciles para nuestra República, es importante recordar que todos somos responsables de contribuir para la paz social y fortalecer nuestra democracia participativa y pluralista”.

La senadora por el Partido Encuentro Nacional antes de retirarse del Congreso preguntó al plenario: “¿Queremos un país delineado y perfilado por algunos vinculados al narcotráfico que condenan a nuestros jóvenes a la marginalidad?, o queremos un país donde predominen los valores republicanos?”.

Lo sucedido en el Senado el miércoles, 14 de febrero del 2024, quedará, definitivamente, en los anales de la ignominia, marcado como el día en el que un grupo político tomó por asalto uno de los poderes del Estado paraguayo e ignoró expresamente el mandato precisamente de su mandante: El pueblo paraguayo.

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