El plan llamado “acción directa” fue aprobado de madrugada tras varias enmiendas de última hora con 31 votos a favor y 29 en contra, y con el apoyo de senadores independientes y del Partido Unido de Palmer, del magnate minero Clive Palmer.
Esta ley, que deberá ser debatida en la Cámara de Representantes -donde el Gobierno del primer ministro, Tony Abbott, tiene mayoría- establece un fondo de 2.250 millones de dólares (1.785 millones de euros) para la reducción de las emisiones contaminantes.
Se trata de un incentivo para las empresas que voluntariamente adopten medidas para la reducción de la emisión de gases contaminantes, a diferencia del abolido impuesto al carbono que gravaba la emisión por tonelada de CO2 emitida.
La líder del Partido Verde, Christine Milne, criticó esta ley al considerar que “los grandes contaminadores podrán hacerse con el dinero de los contribuyentes para hacer algo que debieron hacer hace mucho tiempo”.
La ley fue aprobada después de que el Gobierno acordara con los senadores independientes y del partido de Palmer mantener la Autoridad de Cambio Climático para que analice la posibilidad de fijar un sistema de intercambio de emisiones contaminantes (ETS, en inglés).
En 2012, Australia impuso un impuesto a las emisiones contaminantes, que inicialmente obligaba a las mayores empresas contaminantes a pagar 23 dólares locales y que debía aumentar un 2,5 por ciento en términos reales hasta 2015, año en que se preveía pasar al sistema de comercio de emisiones.
Aunque el actual Gobierno australiano asegura que la tasa no ayudó a combatir el cambio climático, un informe de la Universidad Nacional Australiana indicó que ésta contribuyó a reducir las emisiones de CO2 emanadas por el sector eléctrico en 17 millones de toneladas.
Australia es responsable del 1,5 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales, cantidad muy inferior a la de Estados Unidos o China, aunque, con sus casi 22 millones de habitantes, es el mayor contaminante per cápita del planeta.
