–¿Representante de la Corte ante el SIMDEC?
–Sí, fui designada para representar a la Corte en el SIMDEC, que tiene su reglamento y protocolo de actuación. Establece que tendrán reuniones ordinarias y extraordinarias para verificar todo lo que hace a la implementación de estos dispositivos, las dificultades y aciertos. Inclusive está obligado a transparentar todo lo referido a publicaciones y estadísticas. Lo componen la Policía, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, la Fiscalía, el Ministerio de la Defensa Pública, la Corte y el OMDEC, que es el organismo de instalación, control y monitoreo, ya una vez instalado el dispositivo electrónico.
–¿Hay reportes del monitoreo de los beneficiados?
–La Oficina de Monitoreo del Dispositivo Electrónico de Control (OMDEC) trabaja muy bien porque cada vez que instalan, tienen un protocolo. Hacen un memorándum donde mencionan el juzgado que solicitó, el oficio, la orden, cita la resolución, los nombres de las personas. Después, informan si fue exitoso y si está instalado. Además, la fecha de caducidad de ese arresto, porque cuando se van a instalar los dispositivos debe tener una fecha. Los jueces tienen que decir por 6 meses, por ejemplo. Tienen fecha de instalación y culminación. En abril fue inaugurada la oficina donde funciona el 911 donde hacen el monitoreo.
–La ministra dijo que de 10 casos 6 se rechazaron. ¿Por qué?
–Hay un estudio de factibilidad que señala si el sistema va a poder ser monitoreado correctamente. O sea, el sujeto beneficiado con ese dispositivo va a poder tener señal y requiere de instalaciones eléctricas. Y, en ese sentido, en los pedidos había inconvenientes porque tenían instalaciones clandestinas o insuficientes para mantener el dispositivo. Recuerden que ese aparato tiene un cargador eléctrico. Entonces, tiene un tiempo de duración como un celular, digamos. Cuando ya está con batería baja, ya suenan las primeras alertas. Entonces se le llama a la persona que tiene que cargar ese dispositivo, o sea, sí o sí necesita energía eléctrica. Entonces los inconvenientes mayormente fueron por eso.
–¿Cuántos dispositivos son usados actualmente?
–Hay que separar las situaciones. Una dentro del fuero Penal y otra la parte del juzgado de Paz. Para diferenciar, en el fuero Penal pidieron doce, con estos dos últimos que fueron instalados. Y en el juzgado de Paz, donde no se pide estudio de factibilidad porque es orden de alejamiento y la ley establece que se ordenará que use dispositivos electrónicos para eso por lo que se instala directamente. Entonces, en el juzgado de Paz tuvimos seis pedidos, pero cinco instalados, ya que uno rechazó usar porque en ese caso se pidió para el abogado de la causa inclusive y rechazó. Con esto, son 17 en total entre Penal y juzgado de Paz. Instalados efectivamente 12 y a la fecha 10 activos, porque dos fueron revocados. Se le revocó la medida y se le desinstaló.
–Ahora se amplió a nivel nacional. ¿Hay capacidad operativa para ello?
–Eso justamente fue que se haya puesto en el protocolo y reglamento para que sea gradual. Porque la parte operativa de reacción por parte de la Policía no estaba preparada para todo el territorio nacional. Entiéndase que esto se hace a través de sistemas y personas que fueron capacitadas y que aún siguen siendo capacitadas. Es por eso que se empezó primero Asunción, en enero y en abril, la segunda acordada, donde amplió a Central. También de Garantías a Ejecución y a juzgados de Paz en la segunda fase. Entonces se fue aumentando la posibilidad de la utilización del DEC, por esa circunstancia. Según las reuniones del SINDEC y los documentos que se enviaron a la Corte, el sistema puede llegar a toda la república. El problema operativo es lo que nos tuvo sujetos.
–¿Cuántos aparatos hay?
–Bueno, primero se contaba con 20. Luego se habló de 100 y últimamente hay una posibilidad de llegar a los 1000. Eso también fue una de las cuestiones que hicieron que sea de aplicación gradual. Lo que pasa que eso tiene que ver con licitaciones y ya más que nada tiene que ver con la Policía Nacional en el sentido de que hay un convenio con una empresa particular que tienen a disposición 1000 aparatos. Pero se dará a medida de uso. Entiéndase que esto, si bien el dispositivo es de uso legal, dispuesto por la ley desde 2017 y fue digamos modificándose la normativa, pero tanto la ley como la acordada prevén que se debe pagar.
–¿Cuánto se tiene pagar?
–Lo que se tiene que abonar y más o menos es, aproximadamente, G. 2.009.000 que es el costo mensual por pagos adelantados. Entonces, la persona que tiene la capacidad física real de pago debe abonar eso mensualmente y asume el costo. Ahora bien, si una persona que no tenga la posibilidad de pagar, el Estado cubre eso. Pero ¿por qué el Estado? Vamos a poner, por ejemplo, el juzgado de Paz donde hay un peligro latente para la víctima. Entiéndase que esos dispositivos, cuando se trata de orden de alejamiento, se tiene el monitoreo tanto del sujeto procesado como de la víctima. En ese caso, sería un aparato, un dispositivo para el tobillo del procesado y para la víctima se les provee un celular para tener una comunicación permanente. Y el costo sube, pero está presupuestado.
–¿Y en Ejecución?
–En Ejecución Penal como te dije, en abril ya tuvimos la posibilidad de aplicar, pero también estaba limitado a cierto tipo de hechos. El fuero Especializado también entró en abril. Entonces, dependía del tipo de hecho para poder tomar la decisión de aplicar el dispositivo. Y solamente teníamos para prisión domiciliaria, pero actualmente ahora está todo lo establecido en la ley que regula la materia, además del Código de Ejecución que menciona también la posibilidad de aplicación de dispositivo electrónico en libertad vigilada o libertad condicional, puede ser una suspensión de ejecución en la condena, todo lo que hace a la libertad vigilada.
–¿Es positivo o no este sistema antes que meter preso a la persona?
–Demasiadas aristas hay que analizar. Si partimos del sistema penitenciario, tenés hacinamiento. Si vamos a la estadística, siempre supera la cantidad de procesados a la de condenados en las penitenciarías. En el caso de ser procesado y tenga arresto domiciliario, normalmente se pone con control policial. Ustedes creen que tenemos la capacidad operativa con las patrullas de llegar a tiempo para una situación, digamos, de las tobilleras y sacar e irse a hacer algo a la víctima. Y no, cuando tenés ese monitoreo, la tecnología ayuda muchísimo. Personalmente vimos cómo opera y cómo se encienden las alarmas. Hasta cuando están manipulando ya se siente. Entonces, diría yo que el uso de la tecnología va a ayudar muchísimo a nivel Estado en el sentido de que esos policías que probablemente tendrían que estar rondando o estar fuera ya ayuda el sistema porque se prende la alarma.
