Por Roberto Santander
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El ministro de la Función Pública, Humberto Peralta, criticó a la mayoría de las instituciones del Estado y afirmó que se aplazaron en el cumplimiento de la Ley 5189 que obliga a publicar sueldos, viáticos, remuneraciones adicionales, inventario, organigrama y presupuesto. Tras la primera etapa de aplicación de la normativa, consideró que el objetivo principal será avanzar en la implementación de una política salarial.
–Se cumplió la primera etapa de vigencia de la Ley 5189. ¿Cuál es la evaluación al desempeño que tuvieron las instituciones públicas?
–No estamos satisfechos con el grado de cumplimiento. Solamente el 11%, 43 de las 393 instituciones monitoreadas están cumplimiento satisfactoriamente la ley. Nos sorprende ingratamente el desconocimiento de la norma que alegan las autoridades.
–¿Hubo instituciones que cuestionaron la aplicabilidad de la ley?
–Menciono el caso de la Municipalidad de Asunción, donde algunos funcionarios llamaron para preguntar qué se debe hacer para presentar acción de inconstitucionalidad. Observamos que en los ítems que existen les cuesta generar históricamente lo que no se tiene en la función pública y que tiene que ver con el inventario. La Corte Suprema de Justicia no dio el informe final sobre los viajes nacionales y los hechos al exterior.
–La mayoría de las instituciones públicas están aplazadas, entonces...
–Prepararemos las primeras 340 notificaciones que recibirán de parte de la SFP.
–¿Hay un carnaval con los viáticos?
–Me sorprendí con los viáticos. La calidad de información en viático es sustancial, porque supera al sueldo.
–¿Es urgente entonces implementar una política salarial, ante los escandalosos jugosos sueldos como se dan en el Senado?
–Gracias a esta ley nos podemos enterar de todas las remuneraciones adicionales. Hay una gran inequidad salarial, privilegios de algunas instituciones. Llegamos a la necesidad de plantear cuál es el piso salarial, el techo salarial, según el nivel de responsabilidad de los funcionarios. Hace dos años tenemos una propuesta concreta y esperábamos la decisión de plantear en la máxima instancia política. No podemos seguir manteniendo los mismos niveles salariales.
–¿Cuál es la orden del presidente Cartes?
–El presidente pide un sinceramiento salarial. El sueldo tiene que ser lo más importante para una persona. Hoy tenemos cuatro componentes de sueldos, remuneraciones, asignaciones por responsabilidad en el cargo, bonificaciones al desempeño y remuneraciones extraordinarias o adicionales. Se tiene que conjugar en una base salarial. ¿Cuánto tiene que ganar un auxiliar?: y tiene que ganar sueldo mínimo. ¿O acaso está bien que un chofer de una institución gane G. 9 millones como Petropar?. Está mal (la repartija de jugosos salarios) se nos fue de las manos.
–¿El Ejecutivo va eliminar las gratificaciones o los famosos “aguinaldos”?
–Va a implicar tener coraje político para ir suprimiendo parte de las gratificaciones. El Ejecutivo necesita vincular los adicionales con el desempeño y el perfil del cargo. No puede una persona en la administración pública paraguaya, habiendo tantos profesionales no tener título universitario.
–¿Cuál es la primera medida que se va a tomar?
–La decisión está tomada, está aprobada la matriz de composición. En la última reunión del 21 de julio se aprueba la propuesta que estamos viendo con el viceministerio de administración financiera. La instrucción del presidente es sinceramiento salarial, plantear la estructura de cargos (escalafón administrativo) y definir nuevos parámetros para la composición salarial o los sobresueldos.
–¿Por qué es tan difícil eliminar los sobresueldos?
–No es imposible eliminar. La propuesta apunta a generar escenario en donde parte de las bonificaciones por grado académico debe ser parte del sueldo. La política salarial es un tema que se veía venir. No vamos a poder cortar todo en 2015. La estrategia es gradualidad, prudencia en algunos casos y tomar ciertas restricciones. En algunas instituciones hay demasiados jefes de departamentos, directores y directores generales. Estamos planteando un reordenamiento salarial para todas las dependencias del Poder Ejecutivo.