01 sept. 2024

El periodismo independiente es el pilar de la democracia

El presidente del Congreso Nacional, Silvio Ovelar, hizo una suerte de análisis del tratamiento informativo del caso Erico Galeano y afirmó que los medios de comunicación llevan adelante un ataque selectivo; habló también de satanización de los colorados y tratamiento especial a quienes no lo son. Los medios de comunicación cumplimos una función social y la más importante, además de informar es cumplir el rol de guardián de la democracia. Nuestro único compromiso es pues con el país y con la democracia.

El presidente del Congreso, Silvio Beto Ovelar, criticó a los medios de comunicación por supuestamente “minimizar” la imputación contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y que por el contrario, el tema Erico Galeano se convirtió en el monotema. “Yo no estoy diciendo que haya un blindaje, pero evidentemente se minimiza. Lo de Prieto tenía que ser tapa de ABC y de Última Hora. Es imputado y hay hechos irrefutables. Es selectivo el ataque mediático”, expresó el senador.

Recordemos que la Fiscalía imputó al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por lesión de confianza, tras una supuesta compra ficticia de kits de alimentos para familias de escasos recursos durante la pandemia del Covid-19. Para el Ministerio Público, el perjuicio patrimonial sería por el monto total del contrato, ya que sostiene que solo una simulación de compra.

Erico Galeano por su parte también está imputado. El 19 de mayo, los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak formularon la imputación contra el diputado colorado cartista por presunto lavado de dinero y asociación criminal. Además del desafuero del legislador pidieron su prisión preventiva. En las investigaciones realizadas en el operativo A Ultranza se descubrió que un inmueble suyo fue presuntamente utilizado para simular una compraventa, cuyo dinero provino del crimen organizado. Se sospecha, además, que una aeronave suya habría sido usada al menos cinco veces para el traslado de cocaína.

Última Hora, como un medio de comunicación independiente, históricamente se ha situado de lado de la justicia, la libertad y la democracia contribuyendo con un periodismo equilibrado y de calidad. Nuestro periodismo no sataniza ni blinda a sector ni persona alguna.

Desde 2014, tras una sesión del Congreso en la que se había presentado un contundente informe sobre el narcotráfico y sus vínculos políticos, se incorporó el término “narcopolítica”. Lamentablemente desde entonces el concepto se ha integrado plenamente a nuestra realidad. Casi una década transcurrió desde entonces y hoy se puede afirmar que se han confirmado los peores vaticinios: el narco y el crimen organizado han logrado infiltrar las instituciones del Estado. Esto sucedió no solamente por la corrupción que carcome nuestro sistema, sino particularmente por la impunidad imperante.

Nuestro trabajo periodístico no sataniza ni blinda a nadie, pero es contundente para señalar estos muy actuales peligros para nuestra democrática. De ser el mayor país productor de marihuana en Sudamérica, con una producción de 40.000 toneladas de cannabis en 2019, y de ser un atractivo prospecto para los diversos grupos criminales como el Primer Comando de la Capital, PCC, y el Comando Vermelho pasamos a ser el patio de juegos de esos grupos criminales y ser la nueva ruta privilegiada del narcotráfico en la región.

En nuestro país como señalaba una publicación de la Universidad de Cambridge, el costo real es una sociedad a merced de la corrupción, violencia y decadencia institucional. La conclusión es contundente: las organizaciones criminales crean un Estado que se fortalece en las falencias del Estado.

Estas condiciones se encarnan en las conclusiones del Informe 2023 del Latinobarómetro que subraya que la evolución de la democracia en Paraguay es negativa, donde un 40% apoya la democracia, al 27% le es indiferente y al 27% le gusta el autoritarismo, a lo que se agrega que somos un país con las actitudes más autoritarias en la región. Frente a eso ratificamos que nuestro único compromiso seguirá siendo con la democracia, apostando a la construcción de un país con oportunidades para todos.

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Un proyecto que buscaba modificar el Código Penal para evitar que los casos de corrupción prescriban en la Justicia fue rechazado por los diputados y enviado al archivo. Se buscaba endurecer las penas, ampliar el universo de tipos penales, extender plazos para la prescripción y endurecer criterios de medición de la pena para delitos de corrupción pública y privada, con énfasis en la corrupción cometida por funcionarios públicos. El rechazo de esta propuesta parece una verdadera declaración de intenciones.
Mientras el ex diputado colorado Juan Carlos Ozorio opera para obtener una medida sustitutiva a la prisión, la Cooperativa San Cristóbal, de la que fue presidente, siente las devastadoras consecuencias de haber sido una entidad a través de la cual, presuntamente, se puso en circulación el dinero proveniente del tráfico ilegal de drogas. Perdió la confianza y a miles de socios. Es un ejemplo de lo que les sucede a las instituciones cuando falta fiscalización. Si no mejoran los controles, este caso se volverá a repetir, con los mismos funestos resultados.
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