La salud pública en el Paraguay está en paro desde hace mucho tiempo. A partir del 2023, el paro se agudizó. Por fuera de las normas, la ministra Barán y el presidente Peña mantienen paralizados muchos servicios a los que están obligados por la Constitución Nacional y las leyes de la República. Dos ejemplos.
En primer lugar, están incumpliendo la Ley 4392/2011 del Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress), que debe pagar el tratamiento y los medicamentos de alta complejidad y todo lo relacionado con enfermedades catastróficas. El Gobierno no le provee recursos y deja morir a los ciudadanos. No hay plata. Así como dicen ahora a los médicos. La búsqueda del equilibrio fiscal, imposible de lograr con la corrupción imperante, está sostenida sobre cadáveres. Simple. Una decisión macabra. Qué tal.
En segundo lugar, la Constitución Nacional de 1992 en su artículo 68 garantiza la asistencia universal de salud pública y prohíbe que cualquier persona sea privada de asistencia en la prevención y tratamiento de enfermedades, y la Ley 5099/2013 (era HC) establece la gratuidad de los aranceles de salud. Es la obligación de Peña y de Barán, y tranquilamente incumplen. Es el “orden natural”. Brutal.
La gente está sufriendo y se está muriendo en los pasillos de los hospitales y en el silencio de sus dormitorios en sus hogares. No hay remedios, faltan insumos médicos en los hospitales, faltan equipamientos en todas las especialidades, el Hospital Nacional de Itauguá sigue igual a cuando el presidente y su esposa, hace dos años, lloraron y prometieron de todo. Peña hizo mea culpa sobre el abandono de la salud en sus dos últimos discursos anuales de julio ante el Congreso Nacional. Pero su paro siguió; la salud sigue abandonada.
Por tanto, lo que el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) y la Dra. Rosanna González han hecho con la huelga de la semana pasada es solo legalizar por cinco días el paro ilegal continuo del presidente y su ministra, quienes son los que están fuera de la ley. Y, además, explicitar y visibilizar ante la opinión pública lo que la ciudadanía padece de forma permanente. Por último, han prendido el único botón que motoriza las políticas públicas en Paraguay, solo con crisis, con sangre (como el caso Pedrozo). En ausencia de crisis, nadie piensa nada entre los policymakers, senadores, diputados, ministros y demás etcéteras.
Los reclamos del Sinamed son cuatro. 1. Precisamente paran porque no pueden seguir trabajando sin insumos, sin remedios y sin equipos. La ley laboral le permite a cualquier trabajador negarse a trabajar si el patrón no le provee de las herramientas ni la materia prima. 2. El nombramiento de los médicos precarios o contratados. 3.
El pago doble legal en días feriados. 4. Y, lógico, lo más publicitado, la recuperación del poder de compra de sus salarios, que equivalían a casi 3 veces el salario mínimo del 2012, que hoy suman apenas 1,5 veces del mínimo de hoy.
Concreto y justo. Algo raro pasa con el presupuesto siempre creciente de la salud y las sospechas de corrupción. Según Bachi: Lugo recibió un presupuesto de alrededor de USD 200 millones. Entregó a HC con aproximadamente UDS 600 millones. Este entregó a MAB con más o menos 800. Hoy está cerca de USD 1.800 millones más una deuda extrapresupuestaria de casi USD 1.000 millones a farmacéuticas. Y falta todo. ¿Qué pasó aquí?
Ahora todos tienen una propuesta de solución. Pero cada una tiene una crítica. La dialéctica de intereses en conflicto –de la clase política, el empresariado, los médicos, la gente necesitada– profundiza su contradicción. Y ganan los intereses de los grupos hegemónicos y los corruptos.
Veamos las propuestas. María Teresa Barán sugiere iniciar un proceso de carrera sanitaria, quiere comprar tiempo, en realidad no sabe qué hacer, está perdida. Lovera repite como esa voz de la IA, “no hay plata”. Silvio Ovelar quiere subir impuestos, los empresarios salieron a decir que eso puede desincentivarlos (“son muy emotivos”). Blanca Ovelar quiere imponer un arancel al tabaco, una herejía en la monarquía paraguaya. Leite propone cortar gastos y dejar de robar, un atributo político antinatural, aludiendo al descubrimiento de Riera (encargado de la seguridad interna), ambos hombres del oficialismo, quien afirma que, en el Gobierno –donde la mayoría son los de su grupo político– se roban recursos públicos. Sin ningún pudor. Peña, el jefe de todos ellos, de los que según Riera y Leite se dedicarían a robar (es una suposición que alguien debe investigar, el fiscal general, por ejemplo), está de “copiloto” en un rally, el puesto que siempre le asignan, ausente de lo que pasa.
Mi propuesta, entregada por documento al Sinamed y de este al Ministerio de Trabajo, es mitigar los gastos tributarios cortando parte de las exenciones impositivas (1,8% del PIB en 2026, USD 928 millones según la Ley 7609/26, hoy ya es más de USD 1.000 millones al TP actual) de las que gozan (no pagan todo lo que dice la ley) los juegos de azar, impuestos sobre intereses y rendimientos de depósitos bancarios, rendimientos de títulos negociados en bolsa, reducir el tratamiento preferencial de impuestos sobre alquileres de inmuebles suntuarios, sobre importación de piezas para industrias maduras, como las montadoras, etc. También se pueden disminuir exenciones a regímenes agroindustriales.
El director de la DNIT incluso propone revisar los incentivos a regímenes de promoción de inversiones. Por lo menos USD 200 millones se pueden obtener. Ergo, puede haber plata. Solo falta la decisión. Saludos cordiales.
