Luego de conocerse el archivamiento del pedido de juicio político a la fiscala general Sandra Quiñónez en la Cámara de Diputados, la titular del Ministerio Público tiene otra oportunidad en el tiempo que le resta hasta marzo de dar señales de que la institución a su cargo puede ser independiente; caso contrario, será recordada como una de las peores administradoras de dicha institución. Si no cambia al final, quedará para la posteridad como una títere de poderosos y del juego político.
La ciudadanía necesita un Ministerio Público fortalecido, que impulse investigaciones serias sin el influjo de políticos. Hoy día la institución a su cargo y ella están con una imagen muy deteriorada y con falta de credibilidad.
Conforme a las acusaciones presentadas en la Cámara Baja por parte de los impulsores de su remoción, sobran las causales para su separación. Sin embargo, es una dura derrota para oficialistas y opositores que alargaron el debate sobre el libelo acusatorio, que finalmente no fue aprobado.
Desde un principio no se tenían los votos para el enjuiciamiento de la fiscala general, cuyos principales defensores son los cartistas, que incluso describían con detalles los casos objetados en las discusiones a favor de Sandra Quiñónez.
El pedido de juicio político no escapó de las denuncias de intento de compra de conciencias. Mario Abdo realizó duras acusaciones ayer en Caaguazú, señalando que para votar por el archivamiento del pedido de juicio político, el cartismo ofreció a algunos diputados USD 250.000.
La promoción del libelo acusatorio y el consecuente pedido de juicio político surgieron luego de que EEUU declarara significativamente corrupto al ex presidente Horacio Cartes. Este calificativo hizo que se apuntara directamente a Sandra, porque se le acusa especialmente de blindar a HC y a los dirigentes de su grupo político. Precisamente, Cartes es quien designó a la FGE en dicho cargo cuando era presidente de la República.
Sandra Quiñónez juró como titular del ente el 8 marzo del 2018. En aquella oportunidad la fiscala general había dicho de forma muy emotiva que no iba a defraudar a la ciudadanía y que tenía la misión de recuperar la credibilidad de la institución. Luego había prometido que no perdonaría un acto de corrupción y que no le iba a importar el color para actuar. Estas palabras distan de su gestión en la realidad, ya que es muy criticado el tibio accionar del Ministerio Público o blindaje en determinados casos de corrupción, mientras que en otros se aplica todo el peso de la ley.
El Ministerio Público representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado, por lo cual debe desempeñarse de igual manera para todos y no inclinar la balanza hacia los poderosos.
Vivir en una República implica que deben regir el interés común, la Justicia y la igualdad. Son ideales a los cuales todos aspiramos vivir, por lo que el Ministerio Público como órgano del Estado es parte esencial de su estructura y organización para que se apliquen en beneficio de la ciudadanía que está ávida de justicia y de seguridad jurídica.
Es frecuente escuchar entre la gente y en cualquier zona del país las quejas de que, si no se cuenta con los recursos económicos, algún contacto político o influyente en la Justicia o en la Fiscalía, la resolución o el dictamen le salga en contra o que simplemente el expediente no se mueva. El cambio de esta realidad es anhelo de muchos.
El compromiso de la titular del Ministerio Público y de sus agentes debe ser con la ciudadanía y no con oscuros intereses del poder económico y político.
Ayer se presentó un cuarto libelo acusatorio contra la fiscala general, iniciándose un nuevo capítulo al parecer para lavar la cara a los liberales que dieron el cuórum para el archivo del pedido anterior.
