La unificación de las cajas de distintos sectores públicos es lo que pretendería el Ejecutivo, partiendo del aporte en su mayoría de 25 años de trabajo para tener acceso a la jubilación en las estatales. Esta medida afectará, como ya anunciaron en la presentación del documento a policías, militares y docentes casi con exclusividad. Queda excluido el personal administrativo y, en particular, quedan fuera de esta reforma los parlamentarios, quienes gozan de una jubilación vip, ya que se les permite jubilarse con apenas dos periodos de aportes (10 años).
Nuevamente la inequidad se hace presente a partir de la presentación de una propuesta de ley, desde el punto de vista de que las reglas de juego son para uno y no para otros, según señalan los críticos.
En este caso, quienes estudiarán el proyecto de reforma de la ley de la Caja Fiscal son los congresistas, quienes una vez jubilados, con el autoaumento que aprobaron en 2024, percibirán unos G. 31 millones en concepto de jubilación con tres periodos de aporte, lo que constituye la jubilación ordinaria. El ingreso mensual de diputados y senadores es de G. 37.900.000.
Cuentan además con una jubilación extraordinaria con apenas dos periodos de aporte y pueden acceder al 60% de la jubilación. Hace poco se rechazó una propuesta que incluso aumentaba el privilegio y que estipulaba que con siete años como legislador la ley habilitaría a que como “afiliado voluntario” el congresista siga abonando hasta llegar a su aporte para jubilarse.
Cuestiona. El diputado Rubén Rubin cuestionó la inequidad que existe entre la jubilación vip y la Caja Fiscal de otras entidades y añadió que es intolerable que mientras existan jubilaciones bajo regímenes especiales otras se debatan en constantes crisis.
“El tema de la jubilación vip es clave en este aspecto, porque cómo nosotros vamos a sentarnos a legislar y decir ‘tenemos que ocuparnos de la Caja Fiscal porque es injusto que los paraguayos estén pagando la jubilación de otros’. Y por qué es deficitaria la caja, y básicamente porque tenemos jubilaciones extraordinarias de gente que aporta mucho menos de lo que termina retirando”, sostuvo.
Añadió de que a partir de esta situación que unos se jubilan con mucho menos y con más años de aporte, en comparación a los que aportando poco a su jubilación, quitan mayores dividendos para su pensión, se puede cuestionar el papel de juez y parte de los legisladores a la hora de estudiar el proyecto.
“Con qué autoridad moral nosotros vamos a sentarnos a estudiar y decir ‘vos tenés que trabajar hasta los 65, vos hasta los 60 y vos hasta los 55 años’, mientras nosotros gozamos de una jubilación vip extraordinaria”, cuestionó.
Afirmó que sigue en contra de la jubilación vip, aunque recordó que el aporte es obligatorio.
Rubin dijo que en su caso lo que le descuentan en concepto de aporte para la caja lo retirará porque no buscará la jubilación porque considera que la jubilación es para los trabajadores que aportan al IPS en su trabajo privado y en retribución de sus años de aporte “no para los congresistas”.
“Para mí, la creación de una jubilación vip es irónica e hipócrita. Es una de las tantas veces que la clase política se encuentra con ese paradigma e incoherencia”, dijo.
De acuerdo con el titular de la Comisión Permanente, senador Colym Soroka, la jubilación vip parlamentaria también entrará en el debate.
G. 3.500 millones es el monto por el que se viene calzando por ley cada año la Caja Legislativa para los jubilados.
288 jubilados ex parlamentarios sostiene la Caja Parlamentaria, lo que representa G. 2.800 millones mensuales.
G. 38 millones, aproximadamente, es el ingreso del parlamentario y se jubila tras tres periodos con el 80% del total.
Señalan que es inconstitucional reforma de caja
La Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay-Sindicato Nacional, a través de Gabriel Espínola, sostiene que el proyecto de reforma de la Caja Fiscal, que afectará de igual manera a policías, militares y educadores es inconstitucional. ️ “Este proyecto en sí ya es inconstitucional, porque a la promulgación de la ley, aquellos que cumplieron el tiempo de servicio, en base a la ley anterior, podrán acogerse a esa ley, pero eso es una falacia porque al cumplir 25 años y para acogerse al beneficio hay que tener la edad, es decir, se tendrá que ir 7 años más”, explicó a Radio Monumental. Varios sectores al igual del de los educadores están en alerta por la presentación del Ejecutivo. Instan a que el proceso se haga con transparencia, apertura y diálogo.