“Ese plan está ampliamente comprobado en los autos. Hay un exceso de pruebas”, dijo el relator en la Primera Sala del Tribunal Supremo, donde se celebra el juicio oral contra el ex jefe de Estado y otros siete antiguos colaboradores por golpismo, en Brasilia.
Según la Fiscalía, el supuesto complot elaboró un plan, que bautizó Puñal Verde y Amarillo, para asesinar a Lula, así como a su vicepresidente, Geraldo Alckmin, y al propio Alexandre de Moraes, que en la época era presidente del Tribunal Superior Electoral, órgano encargado de organizar las elecciones en Brasil.
La existencia de ese plan fue confirmada en la fase de instrucción por el general retirado del Ejército Mário Fernandes, quien fue miembro de la Secretaría General de la Presidencia en el Gobierno de Bolsonaro (2019-2022) y confesó ser su autor.
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La investigación indicó que el antiguo asesor de Bolsonaro, también imputado, imprimió el documento con la operación para cometer el magnicidio en el Palacio de Planalto, sede del Gobierno, y posteriormente se dirigió al Palacio de la Alvorada, residencia oficial de la Presidencia, en noviembre de 2022, cuando Bolsonaro era aún presidente.
“El plan no se imprimió en una caverna, en una sala de terroristas, fue impreso en el Palacio de Planalto, en la sede del Gobierno”, expresó De Moraes.
Según la Fiscalía, Bolsonaro tuvo conocimiento y avaló el plan para asesinar a Lula.
Los llamados “kids pretos”, miembros de fuerzas especiales, “estructuraron ese plan para atentar contra la vida de este relator, del presidente y el vicepresidente electos, con armamento pesado del Ejército brasileño”, sostuvo De Moraes.
“Un plan tan detallado en el que se habla del armamento que sería usado, de posibles daños colaterales”, con “toda una planificación”, que incluía la participación de “seis militares de fuerzas especiales”, que “pensaron hasta en el envenenamiento” de las autoridades que serían objeto del atentado, afirmó.
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La Primera Sala del Supremo juzga desde la semana pasada a Bolsonaro y siete de sus antiguos colaboradores, entre ellos ex ministros y altos mandos militares, por cinco delitos contra el orden democrático por los que podrían recibir hasta unos 40 años de prisión.
Este martes comenzaron a votar los cincos jueces del órgano colegiado, que ha programado sesiones diarias hasta el viernes para dictar sentencia.
Fuente: EFE.
