“Son 110 unidades que son propiedad del IPS que están siendo usurpadas por terceros en este edificio (Yuquyry I). Es una administración no reconocida, ni autorizada por el Consejo de Administración, que probablemente haya quedado por la desidia de administraciones anteriores”, explicó Teresa Bernal, abogada de la Asesoría Jurídica del IPS.
Bernal señaló que estas personas estaban ejerciendo labores no autorizadas, cobrando cánones de alquileres y expensas. Comentó que la semana pasada realizaron una intervención informativa. Refirió que la cara visible del consorcio es Alexis Presentado, quien es el administrador. “Allí vimos quiénes eran las personas que estaban al frente. Un consorcio de copropietarios tienen un RUC y están en una oficina que es del IPS, que forma parte de las 110 unidades que son del ente y que están distribuidas en departamentos, cocheras y salones comerciales”, detalló.
Recordó que el último contrato de arrendamiento con una empresa denominada Ecoservis fue en 2018. “Esa gente abandonó el edificio en 2019. Se les rescindió el contrato por una cuestión de falta de rendición de cuentas. Había una situación de que ellos no rendían las expensas, o sea, un contrato debe ser cumplido en todas las cláusulas”, explicó Bernal. Consultada sobre el motivo por el cual el IPS no tomó la administración desde 2019, Bernal respondió que es una cuestión que solo podrían responder las anteriores autoridades de la Previsional.
INFORMES. “Vinimos a solicitar informes de los arrendatarios, la lista actualizada, los informes de los últimos balances. No fuimos notificados de la asamblea ordinaria que supuestamente se hizo este año. Les decimos a los arrendatarios: ‘Miren, ustedes no le están pagando al propietario, están ocupando un inmueble del IPS y estas son las cuentas en las que tienen que depositar’. Nos sentamos a hablar con cada una de las personas para poder firmar contratos de alquileres”, explicó Bernal. Aclaró que nadie será desalojado, pero el que resista y no reconozca pasará a ser un ocupante precario con todo lo que ello implica. “Esa ya es otra situación”, señaló.
Ecoservis tenía un contrato mensual de G. 2.100 millones. “Ese es el pacto inicial del contrato. Ahora los locatarios por el mes de julio ya deben pagar al IPS y después de allí sentarnos a negociar los contratos de alquileres. Desconocemos si tienen contratos vigentes”, mencionó Bernal.
El otro edificio intervenido es Jazmín, que cuenta con 8 pisos y cuatro unidades, sumando un total de 32 departamentos. También está ubicado en un lugar privilegiado del microcentro.
