Entre las muchas contradicciones que arrastramos en nuestra sociedad, la inseguridad hacia el sistema de seguridad social administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS) es una constante. En el Sindicato de Periodistas del Paraguay lo hemos planteado más de una vez.
La duda respecto a si al llegar a la edad de acogerse a la jubilación los trabajadores de medios y los de otros sectores tendrían asegurado sus haberes jubilatorios es un tema de conversación recurrente considerando las diversas amenazas que desde su creación, en 1943 se han cernido sobre los recursos del IPS. Una entidad en cuyo consejo de administración, máxima autoridad, hay un representante del sector de los trabajadores y otro del de los jubilados, aunque históricamente estos terminaban cooptados por los otros miembros representantes del Gobierno, y no siempre han defendido los intereses de sus representados.
Como ante tantas otras instituciones sobre las que existen más dudas y falta de credibilidad que confianza y certeza, en el caso de la Previsional, el proceso de institucionalización es reciente. Demandó décadas para introducir mayor control y transparencia, y acotar el manejo discrecional y clientelar impulsado por los sucesivos gobiernos. No olvidemos que el presidente del Consejo de IPS, que es designado por el Ejecutivo, tradicionalmente ha sido alguien afín al partido en el poder o al mandatario de turno y que la Previsional ha sido, en tramos de su historia, una atractiva fuente de recursos para beneficio de ciertos sectores de los políticos.
Hubo época en que los “recomendados” políticos, por ejemplo, recibían atención médica en los hospitales del sistema, sin ser asegurados.
Con demasiada frecuencia los recursos de la Previsional son vistos como presa apetecible y más de un sector ha querido echar mano y desviarlos de sus fines genuinos. Y frente a esto, la fuerza de los trabajadores, por lo general, se activa en forma espasmódica, intermitente y, diría incluso, cada vez más debilitada cuando, en realidad, los trabajadores aportantes y los empleadores honestos –no todos lo son–, así como los jubilados, deberían ser los mejores aliados en este terreno para cuidar cada guaraní recaudado, administrado e invertido por la Previsional.
Ya se escribió y habló profusamente sobre la autoritaria e injusta destitución de Pedro Halley Merlo del cargo de gerente de Prestaciones Económicas del IPS, tras advertir del peligro que representa un fallo de la Sala Constitucional de la Corte en favor de trabajadores marítimos en contra de artículos de la Ley 98/92 sobre jubilación en el Instituto que establece un tope máximo equivalente a 300 jornales mínimos. Aspecto este que los ministros de la Corte no admiten.
Lo concreto es que este fallo sienta un precedente peligroso, puesto que otros jubilados pueden reclamar lo mismo y, lo dijo Halley, de ocurrir esto, puede llevar a la quiebra al Fondo Común de Jubilaciones.
Frente a un tema como este, los sindicatos y las centrales sindicales deberían adoptar posiciones firmes y hacerse sentir. La pandemia no impide sentar postura y emprender acciones creativas y eficaces para defender los intereses de los trabajadores y jubilados. Pero también para revisar el sistema de seguridad social que tenemos, particularmente en el afán de blindarlo del manoteo de los políticos, y otorgar mayor incidencia de los beneficiarios en la toma de decisiones y en el manejo de los fondos. IPS tiene que ser un tema central de las organizaciones de trabajadores. La historia de la institución está atravesada por la corrupción, desde sus orígenes, y el constante temor en cuanto a la sustentabilidad por la falta de confianza en quienes lo administran.
Es inadmisible que la amenaza de un colapso financiero, de un quiebre, esté siempre rondando por el IPS y que entre los tantos actores a los que no les interesa que esto suceda se hayan sumado ministros de la Corte. ¿Qué más debe suceder?
