El miércoles, decretado feriado por la jornada nacional de población y vivienda y el IV censo nacional indígena, en las casas se respiraba un ambiente festivo. Hubo alto acatamiento de la población y los escasos inconvenientes con algunos censados no parecían empañar la fiesta cívica en las primeras horas. La mayoría de la gente esperaba a los censistas con agua fría, bocaditos y mucho respeto. Los jóvenes compartían las fotos de sus padres e hijos esperando impacientemente a los censistas. El ruido de los anticenso no aplacó las ganas.
Al mediodía las redes empezaron a inundarse con la frustración de la larga espera y la angustia de miles de pobladores que no fueron registrados. Los teléfonos habilitados para los reclamos colapsaron. Más allá de la inconformidad y frustración, reveló que la gente seguía con ganas de ser censada.
¿Qué pasó?
Iván Ojeda, director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) explicó que hubo una deserción masiva de 20.000 voluntarios en Asunción y Central. Alto Paraná fue el otro departamento que no alcanzó la meta mínima para que sea válido el dato. Los tres llegaron a 74% de censados. Los demás departamentos del país lograron el objetivo del 90% y más, cifra mínima para que sea válido el censo.
Ojeda cargó toda la responsabilidad en la deserción, pero sin duda, aquí hubo errores en la planificación e improvisación en el proceso. Con el testimonio de los voluntarios, se pudo notar que hubo fallas en la capacitación y se dejó al libre albedrío la participación de los censistas. De hecho, el éxito parcial se debe a aquellos que responsablemente fueron a trabajar y cubrieron la ausencia realizando doble trabajo.
LA SOMBRA DEL FRACASO. Ojeda y todo el INE tenían como antecedente el sonoro fracaso del censo del 2012, que costó 20 millones de dólares y cuyos datos no sirvieron porque apenas se llegó al 80% de la población. En ese entonces, ya se dio el mismo escenario. Solo la mitad de los censistas se presentaron a trabajar y tuvieron varios problemas en el desembolso de los fondos. Además, en aquella ocasión los liberales politizaron la contratación de voluntarios. Como afirma aquella famosa frase: “Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla”. En este caso, podríamos señalar que los líderes que no leen, entienden y desprecian los hechos, condenan a su pueblo a los mismos fracasos.
El INE hizo un esfuerzo titánico para convencer al Congreso y a la ciudadanía sobre la importancia del censo nacional. Le costó, pero finalmente obtuvo los 43 millones de dólares, una suma bastante elevada comparando con censos de años anteriores y la situación económica. Esta recolección estadística es muy importante, porque se da luego de la pandemia del Covid-19 y sus datos darán pistas más precisas sobre el impacto de la crisis sanitaria para delinear cómo demarcar los caminos para la recuperación social y económica.
“Porque toda política de Estado depende de las preguntas básicas que el Censo 2022 debe responder: ¿Cuántos somos? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué tenemos y qué necesitamos?”.
Tenía el dinero de sobra y la confianza institucional para hacer un trabajo eficaz.
Por ello, cualquier explicación es insuficiente. Tenían todo para hacerlo perfecto.
PREGUNTAS. Quedan muchos cuestionamientos en el aire. Por ejemplo, ¿por qué no establecieron una carga pública para los funcionarios del Estado y dejar un porcentaje más pequeño para los voluntarios? Muchos señalan que el viático fue insuficiente (G. 100.000), que no se cobra aún, y la tarea se realizó en medio de precariedades.
Ahora se está en la etapa de recuperación de datos de los hogares no censados. Y por las informaciones preliminares, hay nuevamente predisposición ciudadana.
Los tiempos electorales elevan la desconfianza y las acusaciones de corrupción. El INE debe proveer todos los datos, transparentar al máximo todos sus pasos para despejar toda sospecha de que esto no fue un acto más de ineficiencia porque no se contrató a las personas adecuadas para hacerlo, privilegiando una vez más la ecuación partidaria.
Porque lamentablemente la consecuencia no solo es la sospecha lanzada al aire del supuesto manoteo de los fondos públicos, sino la pérdida de confianza de los datos acopiados.
Es innegable que el INE recibió una profunda herida de confianza que abre ventanas para la sospecha y la proliferación de las teorías conspirativas.
La confianza es un bien muy preciado en la gestión pública. Y no es una característica que tengan los gobiernos. En un país donde sobresale la cultura de la sospecha, hay que cuidar las expectativas que se genera en la gente. Si no hay trabajo eficaz, se desploma la confianza y recuperarla es casi imposible.
Esta administración no goza de la credibilidad. La ausencia del presidente de la República en un acontecimiento cívico que se realiza cada década fue la primera gran irresponsabilidad.
El INE, por el bien del país, necesita convencer que sus datos son fiables para futuras políticas públicas. Debe recuperar la confianza fuertemente golpeada por su improvisación y falta de planificación.
En esta tarea también existe la corresponsabilidad política. Una cosa es la crítica, otra, agitar los fantasmas y hundir en el fracaso un plan que servirá al presidente que sea electo.
Están en juego la confianza institucional y otra deuda de 43 millones de dólares que ya está sobre las espaldas del contribuyente cada vez más expoliado.
