Nunca antes en las cárceles paraguayas se habían vivido situaciones tan terroríficas como las que sucedieron hace más de una semana en la Penitenciaría Regional de San Pedro del Ycuamandyyú, cuando reclusos que integran la organización criminal brasileña Primer Comando Capital (PCC) protagonizaron un enfrentamiento y un motín, asesinando a diez personas a las que consideraban enemigas por integrar otro clan delictivo, procediendo a decapitar con brutalidad y saña a cinco de ellas, además de incinerar los cuerpos de tres de sus víctimas.
Lo llamativo además fue la impunidad con que dentro de una instalación penitenciaria podían disponer no solamente de cuchillos, machetes y otros elementos, sino inclusive de armas de fuego de gran poder, revelando de qué manera pueden rebasar totalmente el sistema de seguridad del Estado, que de este modo ha incumplido totalmente la responsabilidad constitucional de proteger a los ciudadanos a quienes mantiene bajo regímenes penitenciarios.
Por ello resultan temerarias y poco atinadas las declaraciones del ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, al sostener que las acciones del PCC “no representan una amenaza para la seguridad nacional”, y que constituyen solo un eslabón más del proceso que ha llevado a nuestro país a estar inmerso en una crisis penitenciaria.
Esta visión del principal responsable de la política de seguridad del país remite a una actitud similar que tenían las autoridades del vecino país, Brasil, cuando empezaron a emerger las principales nuevas organizaciones criminales como el PCC y el Comando Vermelho, principalmente desde el interior de las cárceles.
Se dieron cuenta de su error principalmente en mayo de 2006, cuando los líderes del PCC transmitieron desde las prisiones a sus miles de integrantes el famoso “salve geral” (salve general), ordenándoles que procedan a una serie de ataques violentos, que llegaron a paralizar en gran medida a la ciudad brasileña de São Paulo con asaltos a cuarteles de policía, incendios de ómnibus, locales comerciales, metros y aeropuertos, dejando un trágico saldo de 152 muertos.
Fue entonces cuando las autoridades brasileñas entendieron que no se trataba solamente de una “crisis penitenciaria”, sino de la emergencia de una nueva forma de violencia criminal que amenaza a toda la sociedad y al propio sistema democrático.
Probablemente olvida el ministro Villamayor que la acción criminal del PCC no se ha dado solo en las cárceles. En abril de 2017, los miembros de esta organización llegaron a tomar durante toda una noche gran parte de la segunda localidad más importante del país, Ciudad del Este, manteniendo en jaque a la Policía con una serie de ataques e incendios de automóviles, para robar cerca de 40 millones de guaraníes de una empresa de seguros, en un golpe criminal que estaba muy lejos de ser solamente “una crisis penitenciaria”.
Minimizar la situación delictiva que se ha apoderado de las cárceles y que se revela como una poderosa estructura de violencia criminal que crece en distintos ámbitos de la sociedad, puede ser una estrategia política para tratar de evitar que lo que está sucediendo perjudique aun más la imagen del Gobierno, pero no deja de ser un arma de doble filo, al mostrar la poca seriedad para enfrentar una amenaza criminal que sigue creciendo. Es de esperar que nuestras autoridades no sigan escondiendo la cabeza como el avestruz.
