La solicitud fue presentada ante el Supremo Tribunal Federal por la Abogacía General de la Unión (AGU), que actúa en representación del Ejecutivo, en el marco de las acciones que cuestionan la constitucionalidad de la denominada Ley de Dosimetría, promulgada este mes por el Congreso.
El 9 de mayo pasado la máxima corte suspendió provisionalmente la aplicación de la ley que prevé reducciones de las penas de los condenados por los actos golpistas contra Lula, incluyendo la del ex jefe de Estado Jair Bolsonaro, que cumple en régimen domiciliar su condena a 27 años y 3 meses de prisión.
El tribunal considera que la llamada ley no puede ser aplicada hasta que el pleno de la Corte Suprema se pronuncie sobre las diferentes denuncias presentadas por partidos políticos de izquierda y que cuestionan la constitucionalidad de la medida, y por eso solicitó pareceres tanto de la AGU como de la Fiscalía.
En su parecer, la abogacía del Gobierno sostuvo que la norma vacía de forma injustificada la respuesta penal frente a delitos contra el Estado democrático de derecho y advirtió de que puede incentivar nuevas conductas contra el orden constitucional.
Según el órgano, la reducción drástica de las sanciones deja “en situación de vulnerabilidad” bienes jurídicos esenciales de la República.
La norma cuestionada beneficia principalmente a condenados por el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas invadieron las sedes del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema una semana después de la investidura de Lula.
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La ley impide la acumulación de penas por delitos de naturaleza semejante y flexibiliza la progresión al régimen semiabierto, lo que, según sus críticos, puede reducir significativamente el tiempo efectivo de prisión de los condenados.
La AGU también cuestionó aspectos formales de la tramitación legislativa, al alegar irregularidades en el análisis del veto presidencial y modificaciones sustanciales que, según su interpretación, habrían exigido una nueva revisión por la Cámara de Diputados.
El Congreso, por su parte, defendió ante el Supremo la constitucionalidad de la ley y argumentó que la norma refleja una decisión legítima del Poder Legislativo en materia de política criminal.
La respectiva ley fue aprobada en diciembre pasado por el Congreso y Lula llegó a vetarla, pero la Cámara de Diputados y el Senado dejaron sin efectos el veto presidencial, por lo que el presidente del Congreso, Davi Alcolumbre, promulgó la norma a comienzos de mayo.
La reducción de las condenas fue promulgada a solo cinco meses de las elecciones en las que Lula intentará su cuarto mandato y en las que su principal rival será el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del ex presidente Jair Bolsonaro.
Fuente: EFE.
