“Nuestro sueldo está perdiendo un gran poder adquisitivo y ya no aguantamos más”, dijo a EFE Marta Flores, una de las trabajadoras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que se acercaron hasta la Plaza del Congreso, en la capital, a reclamar al Gobierno que “cumpla la ley que fue votada varias veces y que no la cumple hasta ahora, poniendo diversas excusas”.
A la misma situación se refirió Eric Simonetti, profesor de filosofía de la Universidad de La Plata, quien resaltó que la pérdida de poder adquisitivo “está provocando que miles y miles de docentes de todas las universidades renuncien, porque no les alcanzan los salarios”.
La quinta Marcha Federal Universitaria tiene lugar este miércoles con un seguimiento masivo en Buenos Aires tras meses de huelgas, cortes de calles y clases públicas en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Este ley fue aprobada en 2025 y reconfirmada por el Congreso, pese a un veto presidencial, y cuya implementación es motivo de una disputa judicial entre el Ejecutivo y las universidades.
La comunidad universitaria exige también la actualización de las becas y fondos para garantizar el funcionamiento de las instituciones, la investigación científica y la enseñanza.
Filas de manifestantes de distintas agrupaciones, pero también familias, trabajadores y estudiantes independientes, comenzaron a movilizarse alrededor del mediodía hacia la plaza del Congreso, en el centro de la capital argentina.
Se unieron a la protesta diferentes sectores que han sido vulnerados por una política severa de ajuste, entre ellos, científicos, jubilados, personas con discapacidad y trabajadores de la salud.
“También estamos exigiendo el cumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad. Los prestadores y el colectivo de discapacidad en su conjunto están recibiendo ataques de manera permanente”, denunció Valeria Luz Filgueira, una docente de 48 años.
Poco antes de que empezara el acto central de la marcha, las fuerzas de seguridad comenzaron a disparar gases lacrimógenos y chorros de agua a presión contra los manifestantes.
Las fuerzas de seguridad respondieron de manera desproporcionada a incidentes ocasionados por un grupo de unos ocho encapuchados, que comenzó a romper mobiliario urbano y a arrojar objetos contra la valla que rodea el Parlamento. Algunos medios de comunicación los tildaron de “infiltrados”.
Dos horas después de esos incidentes, los gases lacrimógenos continuaban cayendo en el centro de la plaza, tornando el aire irrespirable, pese a lo cual los manifestantes sostuvieron la manifestación.
