Susana Oviedo
soviedo@uhora.com.py
A una semana de estallar la noticia del ciberespionaje a autoridades paraguayas por parte de Brasil, durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), vinculadas a las negociaciones de la nueva tarifa de Itaipú Binacional, y tras mutuas acusaciones entre exponentes de la administración del presidente Mario Abdo Benítez y las actuales autoridades del gobierno Santiago Peña, Fernando José Saguier, ex titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), abunda en detalles sobre el hecho que ensombrece las relaciones con el vecino país.
–Ante el grave hecho reconocido por el Gobierno de Brasil, ¿en algún momento del gobierno anterior, del que usted formó parte, detectaron indicios de que algo así pudiera estar ocurriendo?
–Los ciberataques y los intentos de vulneración a redes de información, tanto públicas como privadas, ocurren todos los días. Sin embargo, durante nuestra gestión no tuvimos información ni sospechas fundadas que vincularan alguno de estos incidentes con una posible operación del gobierno del Brasil.
–¿Qué inversiones adoptaron y que medidas preventivas aplicaron durante la gestión de gobierno del presidente Mario Abdo Benítez ante potenciales riesgos de vulneración al sistema de información del Estado?
–Fortalecimos internamente el equipo de ciberseguridad del Mitic con personal altamente calificado y capacidad técnica destacada. Establecimos acuerdos de cooperación con gobiernos aliados, líderes en materia de ciberdefensa, y además dejamos en curso un llamado a licitación para la instalación de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC). Esta infraestructura hubiera dotado al Estado paraguayo de herramientas modernas y capacidades técnicas avanzadas para enfrentar los desafíos crecientes en ciberseguridad.
–¿Por qué un día antes del traspaso de mando en agosto del 2023 recomendaron al presidente Abdo Benítez promulgar un decreto para alertar sobre amenazas de ciberataques a instituciones del Estado e instando a que el Mitic y la Secretaría Nacional de Inteligencia realicen tareas de verificación de información y medidas de protección, cuando bastaba con entregar un informe dirigido a la nueva administración?
–Porque tomamos conocimiento de una situación particular que representaba un riesgo a la soberanía nacional. Ante esta circunstancia, el presidente Abdo, junto a su asesor jurídico y los ministros involucrados, consideramos que el instrumento jurídico más adecuado para cumplir con nuestro deber institucional era un decreto presidencial.
No se trataba solo de una cuestión administrativa, sino de una alerta urgente que requería una medida de autoridad clara y formal, que determinara un eventual curso de acción y delineara responsabilidades.
–¿Qué tan relevante fue y nota que sea en el actual gobierno ocuparse de la fragilidad de los sistemas del Estado paraguayo, que dejan vulnerables los datos sensibles de toda la ciudadanía y de información que arriesga la seguridad nacional?
–No quiero participar del debate con un razonamiento maniqueísta.
La ciberseguridad debe ser una prioridad para cualquier gobierno, sin excepción. Esto es una causa nacional. Espero, y sinceramente deseo, que la actual administración no subestime la gravedad del asunto y esté tomando las medidas necesarias para proteger la infraestructura crítica, los datos personales y la información pública de todos los paraguayos.
–¿Qué opina del hecho reconocido por Cancillería brasileña respecto a que entre junio del 2022 y marzo del 2023 la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) encaró una operación de ciberespionaje a autoridades paraguayas?
–Es algo inaceptable. Además de analizar las acciones internas que debe realizar, el gobierno nacional debe protestar con firmeza en el ámbito internacional y multilateral por esta situación.
–¿Qué resultados se puede esperar de la investigación que a través de la Unidad de Delitos Informáticos realizará la Fiscalía General sobre el espionaje cibernético realizado por la ABIN para obtener datos confidenciales sobre el Anexo C de Itaipú?
–Realmente, en términos políticos, la propia admisión del Gobierno brasileño ya constituye un hecho consumado. El Estado paraguayo no necesita aguardar un informe del Ministerio Público para realizar los reclamos diplomáticos que le corresponden.
–¿Cómo cree que puede reconstruirse la confianza con el Brasil a partir de todo este tema que conocemos ahora?
–El Gobierno brasileño debe ofrecer disculpas públicas al pueblo paraguayo, comunicar las medidas concretas de reparación que adoptará y brindar garantías institucionales de que una situación de esta naturaleza no volverá a repetirse.
–¿Cuáles son las técnicas de hackeo más frecuentes que se busca prevenir y repeler en el sistema informático estatal?
–Existen decenas de técnicas. Sin embargo, más allá de la técnica, el foco debe estar en proteger la infraestructura crítica del Estado, para prevenir actos de espionaje, ransomware, interrupción de servicios públicos esenciales e incluso interferencia en procesos electorales mediante vulneración de sistemas de votación.
Existen decenas de técnicas de hackeo. Sin embargo, más allá de la especificidad técnica, el foco debe estar en proteger la infraestructura crítica del Estado, para prevenir actos de espionaje, ataques de ransomware (secuestro de datos), interrupciones en servicios públicos esenciales e incluso interferencias en procesos electorales mediante la vulneración de sistemas de votación. Me gustaría hacer especial énfasis en este último punto, aquí: Nuestra democracia corre peligro.
–¿Por qué?
–Porque el respeto a la voluntad popular –sacramento republicano– está en riesgo. Las máquinas de votación son vulnerables, y para que exista paz social tras unas elecciones generales, el pueblo debe confiar en los resultados oficiales. Esa confianza estará, lamentablemente, en entredicho si los votos de los paraguayos son contabilizados por dispositivos que pueden ser manipulados. Propongo que regresemos a las papeletas físicas, como herramienta que garantice transparencia, verificabilidad y confianza ciudadana.
