Durante su rueda de prensa diaria, el jefe de ministros argentino, Jorge Capitanich, reiteró que desde el Gobierno de Cristina Fernández se ha mantenido una postura crítica con el megacanje porque “se trató de una ruinosa operación para el Estado argentino y para el pueblo argentino”.
En este sentido, lamentó las “consecuencias lamentables para el desenvolvimiento de la economía” argentina.
Estas declaraciones se produjeron un día después de que la Justicia argentina diese por terminado el juicio por el megacanje con la absolución del único imputado que estaba procesado, el exministro de Economía Domingo Cavallo, aunque la Fiscalía aún puede apelar la sentencia.
Capitanich citó que las auditorías realizadas revelan que el megacanje, que redujo de 46 a 5 los tipos de bonos argentinos, supuso un aumento de la deuda de “55.000 millones de dólares de deuda hasta el año 2031".
Además aseguró que la operación tuvo “un impacto de 150 millones de dólares de comisiones, 20 millones de los cuales percibió David Munford como autor ideológico de esta propuesta”.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 4 de Buenos Aires absolvió a Cavallo de un presunto delito de negociaciones incompatibles con la función pública, dentro de la causa que investiga si el Estado nacional se vio perjudicado en sus intereses como consecuencia de las operaciones de canje de títulos de deuda realizadas en 1997/98, 2000 y 2001.
Se conoce con el nombre de “megacanje” a la operación financiera llevada a cabo en junio de 2001, previa al estallido de la crisis, por el Gobierno de Fernando de la Rúa con la intención de postergar el pago de diversos vencimientos de compromisos internacionales hasta 2005.
El costo de esta dilación en el pago fue de 15 por ciento anual y ninguno de los objetivos de la operación pudo cumplirse, por lo que la deuda externa argentina se incrementó en torno a 55.000 millones de dólares y benefició a un grupo de bancos extranjeros.
El exministro era el único procesado en este caso, después de que la Cámara Federal porteña exculpara a otros nueve acusados, como el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos David Mulford, el exasesor de Economía Horcio Liendo y el exsecretario de Política Económica Federico Sturzenegger.
Dichos sobreseimientos, que se decidieron por “prescripción de delito”, fueron ya apelados en junio por la Fiscalía.
La acusación pública pedía una pena de 3 años para Cavallo por haber presuntamente favorecido a un consorcio de bancos.
