30 may. 2026

El fracaso de la agricultura familiar, pérdida de soberanía

El cierre de la frontera con Clorinda dejó al descubierto lo que ya se sabía a voces y que el movimiento campesino viene alertando desde hace varios años: la crisis de la producción de alimentos para el consumo interno. A pesar de las sistemáticas alertas, los gobiernos y el sector público se negaban a aceptar la realidad y, sobre todo, las fuertes consecuencias que tendría y que finalmente se evidenciaron. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y todas las demás instituciones vinculadas al desarrollo agropecuario deben acusar recibo de esta tremenda problemática y asumir su responsabilidad en el fracaso de la política dirigida a la agricultura familiar.

La agricultura familiar genera ingresos en los hogares campesinos, por lo cual constituye uno de los mecanismos fundamentales para la lucha contra la pobreza. Las familias que proveen alimentos al país, a pesar de su relevancia en el bienestar de toda la población, están entre las más pobres y vulnerables.

La agricultura familiar es fundamental para garantizar la persistencia de semillas originarias del país, la biodiversidad genética y el mantenimiento del acervo cultural gastronómico. Países como México, Perú y Bolivia están haciendo el esfuerzo por recuperar especies en desaparición y fortalecer su historia gastronómica; Paraguay está retrocediendo. Estos países, además de promover una identidad como Nación, innovaron y hoy constituyen ejemplos de innovación en la diversificación de sus exportaciones y en el desarrollo turístico.

Muchos son los problemas que enfrenta la agricultura familiar. El cambio climático alteró los ciclos productivos y genera pérdidas tras cada evento de sequía o tormenta fuerte. No cuenta con créditos suficientes ni seguros agroclimáticos.

La falta de infraestructura vial y en la finca, como mediasombra, sistemas de riego y almacenaje, ponen en permanente riesgo de pérdida a la producción campesina. La falta de tierra es un problema estructural que necesita respuestas pragmáticas urgentes, no discursos de contención.

El problema de estas familias no es solo producir en condiciones adecuadas, sino también el acceso a los mercados sin que la intermediación se quede con todos los beneficios. La información sobre precios y demanda es un bien público que debe ser proveído con calidad y oportunidad por las instituciones públicas creadas para el efecto.

El Estado debe garantizar el acceso de la población a alimentos en cantidad y calidad suficientes. Ello exige una política dirigida al fomento de la agricultura familiar. Esta debe ser amplia e integral y debe abarcar todos los ámbitos problemáticos, desde el acceso a la tierra y a mejor infraestructura vial y productiva, hasta la asistencia técnica y la inclusión financiera.

Un componente importante, dada la situación que impone el cambio climático y la competitividad en el mercado, debe ser la investigación y transferencia tecnológica para adaptar y mejorar el material genético nativo de manera a lograr paralelamente diversidad genética y sostenibilidad ambiental.

El desafío no es menor, pero la importancia de garantizar una alimentación adecuada para toda la población en el desarrollo y la soberanía nacional exige el esfuerzo del Estado. El ministro de Agricultura, Jorge Gattini, debe hablar menos y hacer más por la agricultura familiar.