“Estamos listos a ejercer todas las acciones penales que establece nuestras leyes, porque a este señor (Guevara) yo lo voy a demandar (...) Voy a ejercer todas las acciones legales, más allá de consideración política”, indicó Ramírez en unas declaraciones recogidas por la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).
Ramírez, quien se desempeña actualmente como representante permanente venezolano ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), aseguró que las acciones del Parlamento, controlado por el antichavismo, en su contra, “han pasado limite”.
“Se excedieron y eso lo vamos a responder contundentemente”, añadió.
El Parlamento venezolano aprobó el miércoles un informe que expone 10 casos de supuesta corrupción en la estatal petrolera entre 2004 y 2013 -tiempo en el que Ramírez ejerció ininterrumpidamente como titular de PDVSA y del Ministerio de Energía y Petróleo- por un valor a los 11.000 millones de dólares.
Con el voto de los opositores que ocupan casi tres cuartas partes de los escaños, la Cámara declaró la responsabilidad del funcionario en estos caso.
Ramírez por su parte aseguró que estas acciones “pretenden atacar los logros alcanzados en el área petrolera” por el Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).
“Estos señores lo que están tratando es de golpear la gestión más importante de la Revolución Bolivariana, la crucial, la estratégica, que fue la gestión petrolera”, dijo.
El exministro vinculo a los opositores con el grupo político que promovió la paralización de la industria petrolera para presionar la salida del Gobierno de Chávez, una acción que, según las cuentas de Ramírez, le costó al país “17.000 millones de dólares”.
“PDVSA antes era una caja negra: Nunca le rendía cuentas al país (...) Cuando llega Chávez destapamos esa caja negra, descubrimos todos los convenios que PDVSA tenía con las transnacionales. Ahora, hemos comenzado a rendirle cuentas al país”, señaló.
Indicó además que el acto legislativo en su contra fue “un show político” porque el parlamento se encuentra actualmente en “desacato” tras desconocer una decisión ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), lo que convierte en nulas todas sus decisiones.
