Una de las características más difíciles de explicar al extranjero es la hegemonía del Partido Colorado en el poder por 7 décadas, a pesar de la crítica situación socioeconómica del país y con indicadores vergonzosos en materia de institucionalidad, con características preocupantes del copamiento del crimen organizado.
La complejidad es tal que requiere apelar a la historia, pero la peculiaridad que más fascina es cuando se les menciona que son oficialismo y oposición al mismo tiempo. Que esa tensión permanente entre los que están en el Gobierno y los que están momentáneamente “en la llanura” es el combustible principal de la maquinaria electoral que no se toma descanso.
Es que la disputa colorada es la disputa del poder real. Es la tutela absoluta del Estado, sus jugosos negocios y el manejo de los hilos de los tres poderes para sus inmunidades e impunidades.
En esa perversa característica de gobierno y oposición, sin otra visión que la captura del poder para el enriquecimiento de los detentores de turno, el país sigue entre los más atrasados de la región. Paupérrimo panorama en educación, salud e infraestructura, por citar algunos de los aspectos. La macroeconomía está bien, pero la informalidad es la principal fuente de trabajo del 75 por ciento de los trabajadores, mientras los indicadores de pobreza continúan golpeando a casi dos millones de personas, por citar algunas características socioeconómicas.
La ANR ganó todas las elecciones presidenciales tras la caída de la dictadura, excepto un periodo (2008/2013), pero las grandes crisis políticas no fueron provocadas por fuerzas exógenas sino por sus propias disputas internas que generan los espasmos políticos.
Las elecciones presidenciales del 30 de abril tuvieron su cierre con el cómputo y juzgamiento definitivo de los comicios el pasado 24 de mayo. Todo pleito acabó con la resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral, al menos políticamente hablando.
La ANR se mantiene en el poder y se supone que esta situación debe facilitar un traspaso administrativo sereno, una transición pacífica, casi natural. Finalmente, no es sino la transferencia de información entre los miembros del mismo club.
Sin embargo, las internas no resueltas vuelven a emerger y la disputa por los negocios y las prebendas del Estado generan espasmos en el centro de poder. Una guerra pública, impúdica.
COLOR DEL DINERO. Todo empezó con el llamado a concurso de 220 vacancias en la Itaipú Binacional, el paraíso laboral de la ANR, donde están llamados aquellos privilegiados con cercanía al poder. El cartismo solicitó la suspensión alegando modificaciones en el reglamento para favorecer al equipo del oficialismo actual. Lea Giménez, del equipo de transición del gobierno electo, denunció que el concurso tiene “indicios de direccionamiento” e incluso advirtió con “revertir los nombramientos”.
Otro asunto que genera confrontación son las licitaciones en varias áreas. Se cuestiona especialmente aquellas convocatorias plurianuales estimadas en más de mil millones de dólares. “Cuando un gobierno está de salida ya no puede tomar decisiones para los próximos tres años, hay que esperar por una cuestión básica de criterio y de gestión pública, hay una responsabilidad del administrador y la máxima autoridad que es el presidente de la República”, dejó en claro la ex ministra de Hacienda y mano derecha de Santi Peña.
El Ministerio de Salud, IPS, ANDE, MOPC y el BNF lideran lista de entidades con más procesos licitatorios abiertos, publicó ayer ÚH.
El cuestionamiento tuvo una dura y venenosa respuesta del presidente Mario Abdo Benítez. Primero aclaró que aboga por un proceso de transición adecuado, pero que no va a frenar las licitaciones porque “la burocracia pública tiene sus tiempos, sus reglamentos y no podemos parar el funcionamiento del Estado”. De paso lanzó velada crítica al autoritarismo cartista al señalar que los disensos no deben personalizarse, como es característica de los modelos autoritarios, y los invitó a actuar en términos institucionales, recordando que Peña y Lea trabajaron en empresas vinculadas a Horacio Cartes. “En el sector privado hay otra manera, el jefe es el que impone los criterios, pero cuando uno administra la complejidad en democracia, dentro de un sistema republicano, donde el gobierno se compone de tres poderes del Estado, van a tener diferencias internas”, les habló con superioridad moral y remató con “de balde se ponen histéricos, la histeria no contribuye para nada”, frase con la que desacreditó totalmente la postura del gobierno electo.
Por supuesto, esto generó una nueva respuesta de Giménez, quien apuntó en la debilidad presidencial de imponer líneas.
PÉRDIDA DE TIEMPO. Peña, a pesar de haber ganado las elecciones con comodidad, sigue sin poder posicionarse en el escenario como personaje principal e imponer su agenda en el debate público. Primero fue Payo Cubas, que se apoderó del ambiente al denunciar fraude y movilizar a sus bases, que generó tensión social por dos semanas. Luego sobrevino el escándalo Erico Galeano, donde tuvo que salir a posicionarse tempranamente ante su bancada, que se resistía a conceder el desafuero al diputado vinculado con el crimen organizado.
Ahora entró en disputa con Mario Abdo, con el tema de los concursos y licitaciones, en otra vorágine que no conduce absolutamente a nada, excepto al barullo mediático.
La gestión de los presidentes demuestra que este debate no tiene que ver ni con las visiones económicas y políticas ni con correcciones de las amañadas licitaciones. Es simplemente la disputa miserable por el control del Estado y la necesidad de “pagar favores” a través de los concursos y las licitaciones. El problema es el largo interregno de 4 meses entre la elección y la asunción al cargo.
Es el juego perverso de siempre. El gobierno que se va intenta quedarse con los últimos negocios. El gobierno que asume necesita “colocar” a sus operadores y reponer los gastos de campaña premiando con las licitaciones a su claque empresarial. Así, cada administración tiene su propio club de vialeros, farmacéuticos, sojeros, ganaderos.
Es la patria contratista. El Estado como patrimonio exclusivo del Partido Colorado.
La disputa entre abdistas y cartistas no es sino una pelea de claques políticas y económicas. Una batalla campal que hace más ruido cuando hay cambio de gobierno.
En esa agonía de uno y el ascenso del otro, el otro país, el que está fuera del mapa de poder y los privilegios, observa cómo el grupo victorioso se apodera de la riqueza una vez más, mientras el otro grupo se retira con las ganancias malhabidas.
Y así sucesivamente, cada cinco años.
